Sin embargo, esta organización señaló que “no se puede dar por sentado que los avances tecnológicos impulsarán un crecimiento económico suficiente para cubrir todas las necesidades sociales de manera indiscriminada”. Por lo tanto, subrayó que “la idea de una renta básica universal como único mecanismo de redistribución parece lejana, y es necesario considerar estrategias adicionales para garantizar la protección social adecuada en un mundo tecnológicamente cambiante”.

En España, según datos que se analizan en el libro del Instituto Santalucía, en 2022, el número de pensionistas alcanzó 10,9 millones frente a un número de ocupados de 20,5 millones, más de la mitad. El peso de la población mayor de 67 años aumentará previsiblemente de casi el 18% actual al 28% en 2050, es decir, 30 de cada 100 personas en España y con una baja tasa de natalidad.

Así, explicó que “cada vez habrá más personas en edad de jubilación, y menos nacidos que puedan sostener el enorme gasto que supondrán las pensiones del futuro”. Por esta razón, se preguntó “¿cómo podemos entonces financiar el sistema?” y reflexionó que “la respuesta está en la alta productividad” que se debe potenciar.

Y es que, según detalló el Instituto Santalucía, desde hace casi 130 años que existe la Seguridad Social, la edad legal de jubilación se ha mantenido alrededor de los 65 años, por lo que no se ha aumentado la productividad de la población a pesar de sí incrementarse la esperanza de vida.

En esta línea, en el libro se analiza la relación entre productividad (o salarios) y pensiones, y concluye la necesidad de alargar la edad de jubilación, o incorporar modalidades de trabajo flexible que puedan sustentar la sostenibilidad futura del sistema.

“La realidad es que la situación de la demografía en España es cada vez más complicada. Perdemos población, estamos envejeciendo a un ritmo muy rápido, y las nuevas tecnologías y la robotización están desafiando la sostenibilidad de los sistemas de pensiones en España”, declaró el director del Instituto Santalucía, José Manuel Jiménez. A su juicio, “a medida que la demografía cambia y la tecnología avanza, es esencial repensar la naturaleza de los gastos y la financiación de las pensiones”.