Así se desprende de un análisis elaborado por el foro de expertos del Instituto Santalucía, que se produce tras la reciente presentación, por parte de la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, del informe de “Balance sobre el cumplimiento de las recomendaciones del Pacto de Toledo 2020-2025” y del primer informe del Modelo Integrado de Proyección del Gasto en Pensiones a largo plazo, INTegraSS, referido al año 2025.

El foro de expertos considera que disponer de una fotografía completa de la Seguridad Social y del Régimen de Clases Pasivas resulta imprescindible para evaluar con rigor la situación actual y futura de las pensiones públicas. Tal y como concluyen los expertos, el sistema presenta una exigencia financiera creciente que obliga a analizar con claridad qué parte se financia con cotizaciones, qué parte requiere transferencias del Estado y qué impacto tiene esta financiación sobre el conjunto de las cuentas públicas. Los expertos consideran que este análisis resulta clave para abrir un debate informado sobre qué bienes y servicios públicos se quieren financiar y con qué recursos.

“Para tomar decisiones responsables en materia de pensiones es imprescindible conocer con precisión la situación financiera real del sistema, los recursos que requiere cada año y su evolución esperada. La transparencia no es un elemento accesorio: es la condición necesaria para construir consensos sólidos y sostenibles en el tiempo”, señaló el director del Instituto Santalucía, José Manuel Jiménez.

Según el último informe publicado por el Instituto, ‘Las cuentas del sistema público de pensiones en el periodo 2018-2025. Sistema de Seguridad Social y Régimen de Clases Pasivas’, elaborado por Miguel Ángel García Díaz, profesor de Economía Aplicada de la Universidad Rey Juan Carlos e investigador asociado de Fedea, el gasto del sistema público de pensiones alcanzó en 2025 los 218.321 millones de euros.

El estudio concluye que este gasto mantiene una tendencia de crecimiento sostenido, tanto en volumen absoluto como en relación con el PIB, con un aumento de 3,9 puntos desde el año 2000 y de 0,9 puntos entre 2018 y 2025. Además, el componente contributivo del sistema ha necesitado casi duplicar desde 2018 los recursos anuales recibidos a través de impuestos y deuda pública, pese al aumento del empleo registrado en España durante el periodo, con 2,8 millones más de afiliaciones, un incremento del 15,2%.

En este contexto, la revitalización del Fondo de Reserva mediante las aportaciones del Mecanismo de Equidad Intergeneracional, que en 2025 superan los 14.000 millones de euros acumulados, debe analizarse con prudencia, ya que se produce mientras el sistema sigue necesitando transferencias crecientes del Estado.

El foro de expertos también subraya que el cumplimiento formal de la cláusula de cierre introducida por la reforma de pensiones de la pasada legislatura no permite concluir, por sí solo, que el sistema sea sostenible. “Aunque la Airef ha validado en dos ocasiones el cumplimiento de la regla, la propia autoridad fiscal ha advertido de que ofrece una visión parcial de la sostenibilidad y que su cumplimiento es compatible con una trayectoria ascendente de la deuda pública”.

Además, algunos expertos del foro consideran que determinadas estimaciones sobre el impacto de las medidas de gasto e ingreso de la reforma podrían resultar optimistas. De corregirse, la factura neta esperada de la reforma aumentaría y podría verse afectado el cumplimiento de la cláusula de cierre del MEI.

Por otro lado, el Instituto Santalucía valora positivamente la puesta en marcha de INTegraSS, desarrollado por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones para proyectar el gasto en pensiones a largo plazo. No obstante, considera necesario que sus hipótesis, metodología y resultados puedan someterse a debate técnico y contrastación externa, con participación de la Seguridad Social, la AIReF, el Grupo de Envejecimiento de la Comisión Europea y la comunidad académica.