Con esta concentración, los interinos reclaman la aprobación urgente de la nueva Ley de Función Pública y, en concreto, la incorporación de las enmiendas que reconocen el derecho a la fijeza del personal en abuso de temporalidad.

Del mismo modo, exigen al Gobierno el cumplimiento inmediato de las sentencias del TJUE, garantizando la estabilidad a quienes lleven más de tres años trabajando en la Administración bajo contratos temporales sucesivos.

Por otro lado, los interinos piden la readmisión del personal cesado en situación de abuso de temporalidad en el momento de su cese y, también, una reforma normativa del Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público (Trebep) y de la legislación de Función Pública para impedir que esta situación se repita.

Los colectivos de interinos sostienen que el Gobierno tiene en su mano resolver el problema “a coste cero”, sin necesidad de recurrir a indemnizaciones ni desviar recursos públicos destinados a otras funciones públicas.

Por su parte, los funcionarios habilitados nacionales de la Administración Local, secretarios, interventores y tesoreros de ayuntamientos, que en algunos casos cuentan con más de 30 años de experiencia en el puesto siendo interinos, reclaman su estabilización en el puesto de trabajo, puesto que en la mayoría de los casos ya pasaron por un proceso selectivo y acumulan experiencia para poder continuar con su plaza.

TJUE

La concentración se producirá dos días antes de que el abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) emita sus conclusiones sobre si España está obligada a convertir en fijos a los interinos que han encadenado contratos temporales durante años en la Administración.

Ansiti recordó en un comunicado que el el TJUE ya ha dictaminado en varias ocasiones que España no ha adoptado medidas adecuadas para prevenir y sancionar la utilización abusiva de contratos temporales en el sector público.

En la actualidad, existen más de 30.000 causas abiertas en tribunales por esta situación, lo que podría derivar "en indemnizaciones millonarias a cargo del erario público si no se actúa con rapidez”, como advirtieron desde Ansiti.

Asimismo, el problema de la interinidad en España provocó la congelación de 620 millones de euros del quinto desembolso de los fondos europeos.