Aicapf denunció este miércoles en un comunicado que la Administración está optando por sacar a concurso por oposición ordinaria las plazas que ocupan los empleados en abuso de temporalidad, en lugar de hacerlos fijos.

“Muchos se quedan fuera y lo que se ‘estabiliza’ es la plaza y no el abusado, como marcan las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) y la que se prevé para primavera”, aseguró.

Aicapf expuso que en el primer semestre de 2025 se quedaron sin trabajo 92.200 personas contratadas temporalmente por la Administración, con “despidos a coste cero” y que podrían suponer al Estado “3.000 millones de euros en multas aplicadas por Europa”, con un cálculo basado en una media de 33.000 euros por despido.

Esto ha llevado a interponer 65.000 demandas antes los tribunales. De ellas, el 57,29% se corresponden con personas que tienen más de 50 años y hasta un 71,5% son mujeres.

“El Gobierno español es la empresa más fraudulenta de la Unión Europea a nivel laboral; se encuentra fuera de todos los estándares marcados”, aseguraron desde Aicafp.

En este sentido, la Asociación recordó que la Comisión Europea congeló parte de un desembolso para España de los fondos europeos, de unos 600 millones, por incumplir con la estabilización del empleo pública.

Aicapf también cuestionó el acuerdo del Gobierno con los sindicatos para eliminar la tasa de reposición de manera progresiva, y lo consideran “una trampa”, ya que “saldrían a concurso público las plazas de personas que llevan ejerciendo el cargo desde hace decenas de años”.