Fueron la secretaria de Estado de Seguridad, Aina Calvo, y el consejero aragonés de Hacienda, Interior y Administración Pública, Roberto Bermúdez de Castro, quienes rubricaron hoy el acuerdo, cuya vigencia es de cuatro años.

En concreto, el convenio fija la incorporación "inmediata" de veinte efectivos para, a lo largo de los siguientes doce meses, aumentar la plantilla hasta alcanzar los 110 agentes. Tras esto, los restantes se irán uniendo a razón de seis cada año y a ellos se sumará, detalla Interior en un comunicado "la reposición de las bajas por jubilación producidas durante el ejercicio anterior".

Además, se establece que el jefe de la unidad se elegirá por el procedimiento de libre designación, por orden del ministro del Interior, entre aquellos funcionarios en activo de la Escala Superior de la Policía Nacional, a propuesta de la comunidad autónoma y previo acuerdo con la Dirección General de la Policía.

Por su parte, la provisión de los restantes puestos de trabajo se realizará por "concurso específico de méritos conforme a los procedimientos reglamentarios establecidos en la Dirección General de la Policía".

Al mismo tiempo, el acuerdo alcanzado establece que el Gobierno de Aragón se compromete a sufragar el 50% de las retribuciones del personal y asumirá asimismo los gastos correspondientes a las inversiones y al mantenimiento de las instalaciones, así como de los medios técnicos y la contratación de servicios necesarios para que esta unidad desarrolle su trabajo.