En un comunicado hecho público hoy, el ministerio respondió a las denuncias realizadas por el Defensor del Pueblo, Fernando Alvarez de Miranda, sobre las "anomalías" legales que se registraron durante la expulsión de medio centenar de inmigrantes ilegales centro-africanos concentrados en Melilla y señaló que procederá "de modo inmediato" al estudio de las recomendaciones propuestas por el Defenor del Pueblo.

El departamento que dirije Jaime Mayor Oreja convocará a los delegados del Gobierno en Ceuta y Melilla para analizar la situación de la inmigración ilegal en ambas ciudades.