Así lo aseguró el secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez, al comparecer en la Comisión de Interior del Congreso para dar explicaciones sobre este asunto.

Pérez se refirió a que las actuaciones que se investigan en esta causa judicial son “hechos puntuales de personas aisladas” y que los guardias civiles afectados “lo único que hacen es deshonrar el uniforme que llevan”.

Señaló que estos hechos “en modo alguno van a ensombrecer el trabajo de los más de 80.000 hombres y mujeres que cada día con su sacrificio, con su dedicación hacen de España un país más seguro y tolerante, además de más cívico”.

El ‘número dos’ de Interior hizo estas consideraciones tras reiterar la tesis del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, respecto a estas presuntas contrataciones irregulares de obras, en el sentido de que el Gabinete de Mariano Rajoy intentó “tapar” estas actuaciones.

“ESPERPENTO”

Pérez reiteró que en 2017 el servicio de Asuntos Internos de la Benemérita inició una investigación sobre contrataciones de obras con un empresario y que se elevó un informe instando a denunciar los hechos ante la Fiscalía, algo que no se produjo.

Explicó que de “manera sorprendente” se pidió opinión al respecto al teniente general de la Guardia Civil Pedro Vázquez Jaraba, que está investigado él mismo en el ‘caso Cuarteles’. Además, el secretario de Estado recordó que el entonces director general de la Guardia Civil, José Manuel Holgado, tomó la decisión final de no denunciar los hechos a la Fiscalía.

Añadió que el caso se cerró hasta que se produjo una nueva denuncia sobre los mismos hechos en 2018, que sí dio lugar a una causa judicial. En este sentido, el ‘número dos’ de Interior remarcó que con el actual Gobierno este asunto siguió el proceso “que corresponde”, en el sentido de que acabó en los tribunales.

Por su parte, el diputado Eloy Suárez, del PP, tildó de “esperpento” las comparecencias permitidas por el PSOE y sus socios parlamentarios para aclarar el ‘caso Cuarteles’. Sostuvo que se quiere tapar el ‘caso Mediador’ y el hecho de que esta trama tenía “despacho” en las dependencias socialistas del Congreso.

PROTEGER AL DENUNCIANTE

A su vez, María Teresa López, de Vox, afirmó que el ‘caso Cuarteles’ es una prueba de cómo “la corrupción socialista ensucia hasta la Guardia Civil” y cómo se usa esta institución para lavar los “trapos sucios” del PSOE.

Además, Miguel Gutiérrez, de Ciudadanos, y Enrique Santiago, de Unidas Podemos, coincidieron en la necesidad de reforzar los mecanismos para proteger a los denunciantes de corrupción en instituciones como la Guardia Civil. Según Santiago, debe haber “mecanismos sólidos” para que estas irregularidades salgan a la luz.

Asimismo, Sonia Ferrer, del PSOE, afirmó que el ‘caso Cuarteles’ debería llamarse en realidad “caso Zoido” puesto que fue el exministro del Interior Juan Ignacio Zoido quien nombró al director de la Benemérita que impidió que estos hechos fueran denunciados ante la Fiscalía.