Así de tajante se pronunció en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, donde respondió a las críticas recibidas por esa información que se ofrecerá en las prisiones, dejando claro al respecto que las personas que tengan antecedentes penales "no van a ser regularizadas".

En un primer momento, su respuesta fue muy genérica, insistiendo en que tanto Instituciones Penitenciarias como el resto de administraciones implicadas en este proceso cumplen con sus obligaciones. Según dijo, el Real Decreto exige “carecer de antecedentes”, haciendo hincapié en que “tampoco van a ser regularizadas" aquellas personas que puedan suponer "un peligro o un riesgo para la seguridad nacional, para la seguridad pública o para el orden público".

Sin embargo, fue interpelado de nuevo por este asunto e hizo referencia a diferentes situaciones. Así, detalló que los presos condenados "tienen antecedentes penales", al igual que otras personas que ya hayan cumplido la pena pueden tenerlos, por lo que "no son susceptibles de regularización".

Y en el caso de los preventivos, quiso diferenciar entre los que tienen antecedentes penales "todavía vivos" por condenas anteriores, los cuales "tampoco tienen opción alguna a ser regularizados", y los que no tienen antecedentes, tanto presos preventivos como el resto de personas en libertad. Todos ellos, insistió, son "susceptibles de regularización", subrayando al respecto que serán "sometidos a una valoración" para comprobar si "suponen un riesgo para la seguridad nacional, seguridad pública u orden público", la cual realizará la Policía Nacional.

"Es un procedimiento muy garantista para el solicitante de regularización y también para el conjunto de la sociedad", defendió mientras incidía en que las solicitudes de extranjeros con antecedentes se desestimarán "inmediatamente sin ningún tipo de valoración" y en el caso de quienes carezcan de ellos se estudiará "todo su historial" y su "arraigo" para valorar si "suponen o no un riesgo".