"Las reiteradas operaciones llevadas a cabo por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado contra los entramados político y operativo-terrorista GRAPO no permiten asegurar que se haya producido una disolución efectiva de dicha organización terrorista", dice el Ejecutivo.

Explica que en mayo de 1998 se tuvo conocimiento de una campaña de extorsiones dirigida a empresarios de diversas provincias españolas mediante el envío de cartas que llegaron, al menos, a siete empresarios de Asturias.

Pese a que en el año 2002 un empresario asturiano manifestó que había sido extorsionado por miembros de los GRAPO, el Gobierno asegura que no hay constancia de ello con posterioridad a mayo de 1998.

Las Fuerzas de Seguridad, asegura el Gobierno, "llevan a cabo un constante control sobre las actividades" de los GRAPO, incluida la posibilidad de campañas de extorsión.