Esta instrucción, a la que ha tenido acceso Servimedia, está firmada por el Secretario de Estado de Seguridad, Antonio Camacho, el pasado 29 de julio, si bien ha sido publicada el pasado 10 de septiembre en el número 25 del Boletín Oficial de la Guardia Civil.

En esta diligencia, se recoge que "si la resolución de la Autoridad Judicial acordó no adoptar medida de protección alguna" se aplicará el artículo 131 del Reglamento de ejecución de la Ley de Extranjería, siguiéndose el expediente por el procedimiento preferente, esto es, abrir los trámites para la salida del país, dado que se trata de un ilegal.

De este modo, la mujer denunciante de malos tratos quedaría inmersa en "la iniciación del procedimiento administrativo sancionador" pertinente y que concluiría con su expulsión, si sus posibles alegaciones no son atendidas por la autoridad.

En el caso de que el juez que se encargue del procedimiento por malos tratos dicte medidas de protección para la denunciante, los trámites relativos a su ilegalidad en España se posponen durante un mes.

La Asociación Indepenciente de la Guardia Civil (ASIGC) criticó en un comunicado esta instrucción que, a su juicio, es contraria a la tesis de "tolerancia cero" ante el maltrato y "la violación de los derechos humanos de la que hace gala el Ejecutivo".