Así lo apunta Interior en el Tomo VI de los Presupuestos del Estado para 2023, que es donde el departamento del ministro Fernando Grande-Marlaska explica a qué destinará los fondos que le corresponden para el año que viene.

En este sentido, Interior apunta que, en materia de ciberseguridad, quiere convertirse en el “principal actor” en esta materia en el conjunto de España.

En concreto, se pretenden desarrollar iniciativas concretas como “una Base de Datos Nacional de archivos de video e imagen con contenidos relativos a abusos sexuales de menores, que permita mejorar la coordinación de las investigaciones entre todas las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad”. Con ello se busca “la generación de inteligencia que mejore las capacidades de lucha contra este fenómeno, así como el seguimiento de la producción de dicho material delictivo”.

PREVENCIÓN EN LOS COLEGIOS

Otros objetivos son “redactar un Plan Director de Ciberseguridad del Ministerio del Interior” y “revisar la estructura organizativa y los recursos materiales y humanos con los que cuenta el Centro Nacional de Protección de Infraestructuras Criticas (Cnpic)”.

El departamento de Marlaska también quiere “reforzar la interlocución y el intercambio de información con los equipos de respuesta a incidentes cibernéticos, públicos y privados” y “establecer programas de especialización, perfeccionamiento y capacitación en los órganos y unidades del Ministerio del Interior”.

Además, se buscará el “fortalecimiento de la lucha contra la ciberdelincuencia en cualquier manifestación que se presente”, a través de medidas como el “fortalecimiento de las unidades que en la Policía Nacional y en la Guardia Civil se encargan de perseguir los delitos cometidos en la Red, en particular, desarrollando o mejorando las capacidades de respuesta e investigación de los ciberdelitos”.

Otra pretensión es el “desarrollo de un programa pedagógico de prevención del crimen y del acoso a través de la Red, en colaboración con los centros educativos, que se pondrá a disposición de los mismos”. Se pretenden desarrollar “planes específicos de lucha contra determinadas modalidades de ciberdelincuencia (pornografía infantil, acoso y vejación a menores; bandas organizadas para la comisión de robos de datos y/o destrucción de información, grandes extorsiones y estafas a través de la red, etc.)”.