La actual situación que, no obstante, es provisional, se produce como consecuencia de la necesidad de garantizar la protección personal de los actuales responsables en el Gobierno y la que viene marcada en la Ley respecto de la de los ex ministros, cuya seguridad se mantendrá por espacio de varios meses y, en algunos casos, durante años.

La responsabilidad de los servicios de escoltas policiales, a excepción de los adscitos a la Familia Real y al Gobierno vigente en ese momento, dependen de la Comisaría General de Seguridad Ciudadana en la que se inscriben un jefe de la Unidad Central de Protección, varios Jefes de Brigada de Protección y unos 500 funcionarios policiales, según las fuentes.

De este servicio se benefician jueces, políticos, periodistas y, en general, ciudadanos cuya seguridad personal esté en riesgo por diversos motivos. Así, el mayor número de agentes de la Policía que se dedican a estas tareas se cncentran en las principales capitales, como Madrid y Barcelona, y especialmente, en el País Vasco.