Estas cifras situaron a España como el tercer país receptor de protección internacional en la Unión Europea (UE). Por nacionalidades, el país de procedencia del mayor número de solicitantes fue Venezuela, con 60.534 peticiones, que son un 37% del total, seguido de Colombia, con 53.564 solicitudes y Perú con 14.306. Los tres países concentraron más del 78% del total de los expedientes registrados.

Por lugar de presentación, la Comunidad de Madrid encabezó la lista de territorios con más solicitudes, con 52.684; seguida por Andalucía, con 25.948, y Cataluña con 14.775.

El Ministerio del Interior resolvió en 2023 un total de 92.963 expedientes de protección internacional, lo que supuso un incremento del 1,8% respecto al 2022. Asimismo, el pasado año, se concedieron 7.521 estatutos de refugiado, que es una cifra récord hasta el presente y supuso un 26,5% de los estatutos otorgados por la OAR desde 2012. Las cinco primeras nacionalidades de las personas a quienes se les adjudicó estatuto fueron Afganistán, Siria, Nicaragua, Colombia y Honduras.

También, se tramitó la protección subsidiaria para 3.850 personas, principalmente, procedentes de Mali. Así, a 41.478 ciudadanos, venezolanos en su mayoría, les concedieron residencia y trabajo por razones humanitarias durante un año.

En este contexto, la tasa de reconocimiento del estatuto de refugiado y de protección subsidiaria se situó en un 12,23% y la tasa de protección internacional alcanzó un 56,85%.

Al mismo tiempo, la OAR sumó durante 2023 la concesión del régimen de protección temporal a 33.928 personas, lo que elevó a casi 195.000 el número de ciudadanos desplazados por la guerra de Rusia y Ucrania que están amparados por esta figura en España.