Así se desprende de la licitación de la subdirección general de Planificación y Gestión Económica de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, a la que ha tenido acceso Servimedia, la cual pone de relieve esa “urgencia”, porque no firmar un nuevo contrato supondría la interrupción del servicio y “un riesgo grave para la seguridad pública, afectando a la correcta ejecución de medidas penales y a la tutela judicial efectiva”.

Según explica en la memoria justificativa, se trata de un “servicio esencial para garantizar la continuidad del régimen abierto y modalidades telemáticas; la ejecución efectiva de permisos y medidas judiciales; la protección de víctimas y la prevención de incidentes, y el cumplimiento estricto de las competencias asignadas a la Administración Penitenciaria”.

E incide en que de no prestarse este servicio se generarían “vacíos” en el seguimiento telemático, con el “riesgo que para terceros y la seguridad pública podría conllevar", provocando una "grave perturbación en la ejecución penal”. De ahí que insista en la “necesidad inmediata e inaplazable” de abrir una nueva licitación “con carácter urgente para evitar interrupciones en un servicio crítico”.

No se especifica en ningún momento si hay algún veto a empresas israelíes, como la adjudicataria desde 2021, Attenti Electronic Monitoring (ahora integrada en el grupo estadounidense Allied Universal), cuyo contrato se prorrogó en agosto de 2024 por dos años más. De hecho, abre la puerta a “la sustitución de la tecnología por parte de la empresa que venía prestando este servicio”.

En cuanto al contrato, abarcará el periodo comprendido entre el 1 de septiembre de 2026 y el 31 de agosto de 2029, con posibilidad de prórroga de dos años. Está valorado en un máximo de 41.549.483,47 euros, incluyendo las posibles ampliaciones. Así, entre el 1 de septiembre y el 30 de noviembre de 2026 se planifica un gasto de 2.468.375 euros, mientras que para el periodo que va del 1 de diciembre de 2026 al 30 de noviembre de 2027, otros 9.997.350 euros. El más elevado es para el comprendido entre el 1 de diciembre de 2027 y el 30 de noviembre de 2028, con 10.121.730 euros previstos. Para el último periodo antes de una posible prórroga (1 de diciembre de 2028 a 31 de agosto de 2029), el gasto estimado es de 7.577.470 euros.

DIFERENTES MODELOS

Este nuevo contrato incluye tres tipos de sistemas de monitorización diferenciados. El primero va destinado a “conocer la ausencia o presencia de un penado en su domicilio o el lugar que se establezca por parte de la Administración penitenciaria”. En este punto exige tecnología 4G o superior, algo que no especificaba en el anterior contrato que está a punto de finalizar.

En segundo lugar, otro para el control de consumo de alcohol, que además de monitorizar la ausencia o permanencia de un reo en su domicilio, “aleatoriamente facilitará información respecto al consumo de alcohol de la persona penada”. Se valorará que incluya un sistema para detectar y avisar del consumo de drogas. Por último, está el sistema de “seguimiento continuo” que permita conocer la ubicación geográfica de un sujeto “en todo momento”, pudiendo establecerse “una o varias zonas de exclusión”.

Del primer tipo se requieren un mínimo de 4.000 unidades, mientras que del segundo 50 y del tercero, entre 200 y 300, dependiendo del periodo. El precio diario del servicio por cada unidad asciende a 5,3 euros.

Según subraya Instituciones Penitenciarias, este sistema deberá ser capaz de monitorizar, “de modo simultáneo e independientemente del control concreto utilizado en cada caso”, al menos a 7.500 personas en cualquier punto de España. Además, deberá ser capaz de “soportar y gestionar de modo simultáneo” al menos 200 centros de vigilancia penitenciaria, y permitir la “asignación y reasignación dinámica” de cualquier persona monitorizada a cualquiera de dichos centros.

Al mismo tiempo, detalla que tendrá que permitir la actuación de modo simultáneo de 400 funcionarios, y de modo no simultáneo, de al menos 800, y permitir la “asignación y reasignación dinámica, entre usuarios, funcionarios y centros de vigilancia”. Además, se exige a la empresa adjudicataria disponer de una persona contratada a jornada completa con funciones de servicio técnico y coordinación que se establecerá en la provincia de Madrid.

Tal es la importancia que Interior da a este servicio que entre las condiciones plantea un "plan de transición", en el que se especifica que "tendrá que estar operativo 90 días naturales después de la entrada en vigor del contrato". Del mismo modo, y para que "no exista un periodo de tiempo en el que no se preste servicio", en el caso de haber una nueva empresa, esta "deberá subcontratar a la saliente, previa voluntariedad de la misma, al finalizar el contrato vigente, prestando servicio los siguientes 90 días a la finalización del mismo". Un punto este último que ha rechazado Allied Universal con una declaración de no subrogación.