El estancamiento de las inversiones en el 92 pone fin a un periodo de crecimiento, en el que los fondos públicos destinados a infraestructuras pasaron de representar el 1,9 por cien del PIB en 1980 al 5,1 por cien en 1991.

De estas inversiones, actualmente un 41,4 por ciento son realizadas por la Administración central, un 30,7 por cien por las comunidades autónomas y un 27,9 por cien por las corporaciones locales.

La proporción del PIB destinada en España a infraestructuras es suerior a la media de la CE, que ha seguido una marcha en sentido contrario a la española, al pasar del 3 por cien en 1980 al 2,7 por cien en 1989, último año para el que se disponen de datos.

De acuerdo con esos datos, España destina a infraestructuras una parte del PIB mayor que Alemania (2,4 por cien), Francia (3,1), Italia (3,5) y el Reino Unido (1,6), los países más desarrollados de Europa.

Ballesteros, que hizo estas manifestaciones al presentar un artículo que publica en el último número de a revista Cuadernos de Actualidad, del Instituto de Estudios Fiscales, reconoció, no obstante, que la dotación de infraestructuras públicas "sigue estando todavía a un nivel insuficiente".

A su juicio, la homologación con el resto de la CE exige "continuar durante la presente década, después del punto de inflexión que constituye el presupuesto para 1992, el enorme esfuerzo inversor de los últimos años".