En su comparecencia ante la Comisión de Justicia e Interior del Congreso, Acebes realizó una extensa narración de las manifestaciónes desarrolladas desde el pasado 15 de febrero, y expresó su "respaldo y reconocimiento" a la Policía, pues sólo gracias a su "esfuerzo, talante y profesionalidad" e han evitado "consecuencias más graves".

Aseguró que "el Gobierno no sólo ampara sino que protege y garantiza el derecho de manifestación legal", y recalcó que vivimos en una sociedad muy "participativa", y que sólo se ha prohibido el 1% de las manifestaciones celebradas.

No obstante, recalcó que es "indispensable" ejercer este derecho dentro de los límites que establece la ley, y en este sentido la ley reguladora del derecho de reunión es "meridianamente clara".

Las Fuerzas de Seguridad, posiguió, son los responsables de garantizar estos derechos y "nuestra Policía son auténticos servidores" y los "auténticos garantes" de la libertad de expresión, de reunión y de circulación, además proteger la integridad de las personas.

Reiteró que la Policía tiene "el deber inexcusable de actuar en defensa de personas y bienes", o de lo contrario incurriría en una "dejación de funciones", y recordó que pese a las 80 manifestaciones celebradas en la Comunidad de Madrid desde el 15 de febrero, sólo enlas del pasado fin de semana, que fueron menos multitudinarias, se produjeron incidentes.

Esto no es responsabilidad de las Fuerzas de Seguridad, sino que se debe al cambio en la forma de convocar las protestas, que no fueron comunicadas y en las que se improvisaron recorridos, lo que se sumó al uso de medios violentos, ante lo que "los organizadores de las manifestaciones no pudieron controlar a los alborotadores".

Acebes aseguró que el comportamiento de la Policía ha sido "impecable", los criteios de actuación, "exactos", y los responsables de las decisiones, los mismos, lo que demuestra que ha cambiado el tipo de manifestación.

PROVOCACIONES

Acebes subrayó que en estas concentraciones "hubo provocaciones hasta límites realmente insorportables para los funcionarios policiales", pero lo "más grave" es que hubo "verdadera violencia contra personas civiles", además de importantes daños materiales.

Informó de que el Consorcio de Compensación de Seguros ha estimado los daños en 300.000 euos, a lo que hay que añadir el coste que representará para el Ayuntamiento la limpieza y restablecer el mobiliario urbano, lo que supondrá aproximadamente 1.200.000 euros.

En cuanto a posibles extralimitaciones de algún agente, aseguró que se han abierto las correspondientes investigaciones internas para esclarecer los incidentes y dirimir las responsabilidades pertinentes, algo en lo que "los primeros interesados son los propios policías".

Se refirió también a las protestas por los obstáculos a as concentraciones frente al Congreso, indicó que la Constitución establece que "las Cortes Generales son inviolables", y el Código Penal sanciona las manifestaciones ante las sedes parlamentarias cuando haya reunión de diputados o senadores.

POLEMICA POR UN VIDEO

La reunión de esta comisión comenzó con una polémica acerca de la petición de la oposición de poner un vídeo que muestra el golpe que un agente propinó a una joven durante una de las manifestaciones contra la guerra que se han celebrado enMadrid,

Mayoral denunció que la decisión de la Mesa de la comisión supone una "censura previa", con una interpretación "de carácter restrictivo" que deja el "monopolio del uso de medios audiovisuales al Gobierno".

El portavoz de IU, Felipe Alcaraz, dijo que su grupo también quiere mostrar estas imágenes que "en absoluto prejuzgan" el discurso de Acebes, "máxime en estos momentos en los que los vídeos circulan con rapidez", dijo, para referirse al que, igual que el PSOE, ha recibido de un ordenado del Congreso.

Jordi Jané afirmó que comparte la denuncia del PSOE porque "una imagen vale más que mil palabras", por lo que pidió al presidente de la comisión que "se nos permita visionar esas imágenes. En nombre del PNV, Margarita Uría hizo la misma reclamación.

Ignacio Gil Lázaro, portavoz popular, rechazó que se trate de censura, y aseguró que el PP sí cumple el reglamento, por lo que dejó la decisión en manos del presidente de la Comisión, Jesús López-Médel, quien finalmente se negó porque n se le había dejado ver su contenido antes de la reunión para decidirlo.