En una resolución hecha pública hoy, los magistrados argumentan, entre otras cosas, que los hechos descritos "no son penalmente imputables" a José María Aznar.

"Se trata de actividades supuestamente realizadas por fuerzas norteameicanas y británicas, sin que los querellados hayan tenido dominio alguno sobre la dirección específica de las referidas operaciones bélicas", señala.

Los magistrados se refieren así a la estrategia bélica denominada "Impacto y pavor", los bombardeos sobre personas y bienes protegidos en caso de conflicto armado y a la utilización de medios prohibidos, como los proyectiles recubiertos de uranio enriquecido o las "bombas de racimo", denunciados por los demandantes.

Las denuncias y querellas rechazaas fueron presentadas por la Asociación Libre de Abogados (ALAS), Izquierda Unida, el Partido Socialista de la Justicia, cuyo secretario general es el abogado Emilio Rodríguez Menéndez y otros 11.688 ciudadanos.

Los escritos que serán archivados por orden del Supremo se presentaron en relación a la comparecencia realizada en las Islas Azores, el pasado 14 de marzo, por José María Aznar, junto con los primeros ministros del Reino Unido y Portugal, y el presidente de Estados Unidos, George Bush. Para lo denunciantes, tal intervención fue una declaración de guerra a Iraq que se cumplió al atacar a Iraq.

Los querellantes acusaban al presidente del Gobierno, José María Aznar, de haber implicado a España en una guerra sin la previa declaración del Rey y, en consecuencia, de haber atentado contra el artículo 63.3 de la Constitución.

Para los magistrados del Supremo, la declaración de guerra sin cumplir lo dispuesto en la Constitución sería un delito de traición, y en esos casos, según manda el artíclo 102 de la Carta Magna, sólo puede plantearse una iniciativa procesal si la cuarta parte de los miembros del Congreso lo plantean y la mayoría absoluta lo aprueba.

"Pero cuando dicha prevención constitucional no se cumple (y disueltas ya las Cortes Generales, la iniciativa prevenida en el artículo 102 no ha sido planteada) no puede esta Sala iniciar procedimiento alguno sobre esta materia, ni efectuar sobre ella ningún tipo de pronunciamiento", añaden los magistrados.

Las querellas y denuncias ban dirigidas también contra los ministros de Defensa y de Asuntos Exteriores, Federico Trillo y Ana Palacio, respectivamente, así como contra el primer ministro británico, Tony Blair.

Con respecto de Tony Blair, la Sala de lo Penal señala que tiene competencia para incoar un procedimiento contra el primer ministro británico, "pues no se encuentra entre las personas que la Constitución o la Ley han aforado ante esta Sala Penal del Tribunal Supremo".