Así lo refleja el Barómetro de enero del Centro de Investigaciones Sociológicas, que se publicó este miércoles después de un trabajo de campo consistente en 3.961 entrevistas realizadas entre el 2 y el 12 de enero, y con un margen de error del +/- 1,6%.

Montero, con su 3,69 sobre 10, se mantiene, como en toda la legislatura, en los últimos puestos en valoración global por parte de los encuestados, junto a su compañera de partido, la titular de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, que este mes la empeoró con un 3,63. Pero es curioso que, tras estar en el foco de las críticas de sus adversarios políticos durante el goteo de rebajas de penas que se atribuye al redactado de la norma, su puntuación media haya aumentado, aunque muy ligeramente.

En el extremo superior se mantienen, como durante toda la legislatura, Robles y Díaz, quienes en esta ocasión superaron el 5, cosa que no hicieron en el Barómetro de octubre, el último que preguntó por ministros. La titular de Defensa recibió un 5,16 de media, frente al 4,98 de octubre; y la de Trabajo un 5,11, frente al 4,91 de la última vez. La ministra de Economía, Nadia Calviño, que se mantiene trimestre tras trimestre en tercera posición ligeramente rezagada respecto a Robles y Díaz, cosechó en esta ocasión un 4,97.

Detrás del pódium de toda la legislatura aparecen la ministra de Sanidad, Carolina Darias, con un 4,68; la de Transición Ecológica, Teresa Ribera, con un 4,51; el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá; con un 4,5; y el de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, con un 4,49.

En la parte baja pero por encima de Irene Montero y Ione Belarra se sitúan el titular de Interior, Fernando Grande-Marlaska, con un 3,94; el de Consumo, Alberto Garzón, con un 4,05; el de Cultura y Deporte, Miquel Iceta, con un 4,09; y la ministra de Justicia, Pilar Llop, a quien Podemos ha atribuido la fijación de penas de la Ley de Libertad Sexual, con un 4,10.