Con los votos a favor del PP, CiU, PNV y Coalición Canaria, así como el apoyo parcial de Izquierda Unida y PSOE a algunas medidas sobre discapacidad, el pleno aprobó remitir el proyecto al Senado para su debate.

Entre las principales medidas aprobadas figura la posibilidad de que los familiares de hasta tercer grado de discapacitados cuya minusvalía supere el 65% puedan beneficiarsefiscalmente por hacer aportaciones a fondos de pensiones cuyo único perceptor sea el minusválido, una vez quede desasistido de sus tutores.

Dichas aportaciones tendrán un tope de 2,2 millones de pesetas y sólo podrán ser recuperadas por el discapacitado en forma de pensión.

CiU, autora de esta iniciativa aceptada por el PP, pretende ahora que en el trámite de la ley por el Senado se le incorpore la posibilidad de que las aportaciones puedan recuperarse en forma de capital y no de pensión, pero sóo en situaciones excepcionales, como la situación de desempleo del tutor o necesidad económica por razones de salud, entre otras.

Para esos supuestos, que también podrían incluirse en un posterior desarrollo reglamentario, CiU pretende que la exención sobre el capital recuperado sea del 60%, en lugar del 40% que rige para el resto de los fondos de pensiones del mercado.

Otras mejoras para el colectivo de minusválidos introducidas en la reforma es la que hace referencia a la posibilidad de desgravrse hasta dos millones de pesetas al año en gastos por rehabilitación y adaptación de la vivienda, y con las mismas limitaciones que regirán para la adquisición de una casa.

Asimismo, también se han elevado las deducciones personales y familiares, el llamado mínimo vital, que regirán para el colectivo de discapacitados. El mínimo personal será, en lugar del general de 550.000 pesetas, de 850.000 cuando el contribuyente tenga una discapacidad reconocida de entre el 33 y el 65%, y de 1.150.000 pesetas cando llegue al 65%.

Las deducciones por personas a cargo, hijo o ascendientes, se aumentarán en 100.000 pesetas cuando se trate de una persona minusválida, y de 300.000 pesetas si la discapacidad supera el 65%.

Por su parte, las rentas del trabajo también recibirán un trato mejor al general, si el perceptor es un discapacitado. Una vez calculada la reducción general para cualquier trabajador con el nuevo IRPF, las personas discapacitadas podrán multiplicarla por dos, cuando la minusvalía esté ente el 33% y el 65%, y por 2,5 veces si supera ese porcentaje.