Así lo expresó la responsable del departamento de Vivienda a preguntas de los medios de comunicación después de que este jueves el máximo tribunal anulase el procedimiento de registro único de arrendamientos de corta duración al considerar que el Estado carece de competencias para establecer una regulación que se superpone a los registros autonómicos existentes.

La Generalitat Valenciana recurrió esta norma estatal por la que se regula el procedimiento de Registro Único de Arrendamientos y se crea la ventanilla única digital de arrendamientos para la recogida y el intercambio de datos relativos a los servicios de alquiler de alojamientos de corta duración.

La sentencia del Tribunal Supremo estima parcialmente el recurso, anulando únicamente aquellos preceptos por los que se crea el llamado “registro único de arrendamientos” y sin embargo desestima el recurso en lo referente a las disposiciones que regulan la ventanilla única digital de arrendamientos, las obligaciones de transmisión de datos de las plataformas en línea y la transmisión de datos con fines estadísticos.

Esta fue la línea que defendió la ministra Rodríguez apuntando que espera que las comunidades “tengan preparados todos los canales para detectar todos los pisos turísticos” que incumplen las normativas de las comunidades de vecinos, municipales y autonómicas y que “nos los trasladen en tiempo y forma, es decir, cada mes, para impedir su comercialización”. “Eso es lo que tiene que ocurrir y espero que esté preparado”, subrayó.

Recordó que el registro único ha permitido “aflorar” más de 100.000 viviendas turísticas ilegales. La ministra pidió a las comunidades autónomas “ponerse a trabajar” para, con los recursos del Plan Estatal de Vivienda (PEV), adquirirlos o solicitar su cesión y convertirlos en viviendas asequibles.

AUMENTAR EL PARQUE DE VIVIENDAS

El PEV aprobado este jueves por unanimidad por las comunidades autónomas incluye ayudas “para ampliar de forma rápida el parque público”, ya sea mediante la compra o la gestión de viviendas en alquiler.

Así, el Plan cubrirá el 70% del coste de la adquisición de una vivienda (85% en el caso de zonas tensionadas) comprada por una comunidad autónoma. Esa vivienda se pondrá a disposición de la ciudadanía en forma de alquiler asequible con un precio orientativo máximo de 800 euros al mes.

Por otro lado, se ofrece una ayuda de hasta 50.400 euros a particulares que cedan una vivienda a la comunidad autónoma durante siete años para que sea la Administración regional quien la ponga a disposición en forma de alquiler asequible por un precio máximo de 600 euros mensuales.

Además, incluye una previsión de rehabilitación y obras de mejora antes y después del alquiler, para conservar el correcto estado del inmueble. La comunidad autónoma se encargará de la gestión integral del alquiler y, cuando finalice el contrato, devolverá la vivienda a su propietario en condiciones óptimas.