Según indicó este jueves en una entrevista con la Ser recogida por Servimedia, el Ministerio y Casa 47 intentaron interlocutar con la empresa para evitar el desahucio de Maricarmen, pero no consiguieron entonces que esta aceptara una solución.

“Cuando se han visto en su reputación y cuando se han visto en todos los telediarios y en todos los informativos, que son una vergüenza nacional, entonces han reaccionado, pero el sufrimiento ya está hecho”, afirmó Rodríguez sobre el posterior acuerdo alcanzado para que Maricarmen pueda regresar a su vivienda.

La ministra sostuvo además que, si el primer real decreto-ley aprobado esta semana hubiera estado vigente, no se producirían desahucios de personas vulnerables como el de Maricarmen. “No va a haber con este real decreto más desahucios de personas vulnerables en España”, aseveró.

Preguntada directamente por si el desalojo de Maricarmen se habría podido evitar con la nueva norma, respondió: “Mi opinión es que sí”.

Rodríguez recordó que el Ministerio trabajó antes del desahucio con la abogada de Maricarmen y con Naciones Unidas, que había reclamado medidas cautelares para impedir que se ejecutara el lanzamiento.

FONDOS BUITRE

La ministra defendió también la fórmula utilizada por el Gobierno para definir a las entidades especulativas, pese a reconocer que no siempre responden al modelo tradicional de grandes fondos de inversión.

Según explicó, establecer la definición en función de la actividad permite que la norma alcance también a pequeñas empresas que lleven a cabo prácticas similares, entre las que volvió a situar a Urbagestión.

Rodríguez defendió además que limitar las compras especulativas exigirá actuar desde todos los niveles administrativos, desde el municipal y autonómico hasta el estatal y europeo, y señaló que España ha impulsado este debate también en las instituciones comunitarias para reforzar el marco jurídico contra la utilización de la vivienda como activo financiero.

En este sentido, explicó que el límite establecido en el decreto hasta finales de 2028 responde a la expectativa de contar para entonces con una nueva normativa europea en materia de vivienda asequible.

Según Rodríguez, la previsión de la Comisión Europea es que este marco pueda entrar en vigor a partir del tercer trimestre de 2027 y proporcione un “paraguas jurídico” común a los Estados miembros para seguir avanzando en sus legislaciones nacionales contra las compras especulativas.

La ministra aseguró que la proliferación de la compra de vivienda como activo financiero es uno de los factores que han contribuido a la actual crisis y concluyó que combatirla es “complejo”, pero “no imposible”.