Según MSF, el sobreseimiento del caso pone fin a siete años de falsas acusaciones, declaraciones difamatorias y campañas de criminalización contra las organizaciones de búsqueda y rescate en el Mediterráneo. "Se acaban siete años de falsedades, pero continúan los ataques”, y subrayó que “salvar vidas no es un delito”.

En esta causa, que se inició a finales de 2016, se investigó a MSF y a otras organizaciones que llevan a cabo operaciones de búsqueda y rescate, bajo “la acusación infundada” de complicidad con la “inmigración ilegal”.

Para Christos Christou, presidente internacional de MSF, se trató de “una gran acusación basada en conjeturas, escuchas telefónicas, declaraciones falsas y una interpretación deliberadamente distorsionada de los mecanismos de rescate para presentarlos como actos delictivos”.

Después de una audiencia preliminar de dos años, el mismo fiscal que abrió la investigación reconoció que las pruebas demostraban que las ONG trabajaban con “la única intención de salvar vidas” y pidió que el caso no continuara con el juicio. El juez, por tanto, cerró de forma definitiva la causa. Alegó una falta de fundamento en las acusaciones, con lo que “borró cualquier sospecha de colaboración con los traficantes”, agregó.

En opinión de Christou, “estas acusaciones infundadas han intentado empañar durante años la labor de los equipos humanitarios de búsqueda y salvamento". "Pretendían alejar a los buques del mar y contrarrestar sus esfuerzos para salvar vidas y dar testimonio. Ahora, estas acusaciones se han derrumbado”, declaró.

“Nuestros pensamientos están con nuestros colegas de MSF y de otras organizaciones que han trabajado bajo el peso de las acusaciones por hacer legítimamente su trabajo: salvar a personas en peligro en el mar, con total transparencia y cumpliendo las leyes”, afirmó Christou.

Apuntó que, durante los siete años de espera a que se dictara sentencia, los ataques a las actividades de búsqueda y el salvamento han continuado “mediante una serie de políticas perjudiciales”.

Entre ellas, citó la aprobación de leyes restrictivas, la detención de embarcaciones civiles y el apoyo a la Guardia Costera libia, que "dificulta los rescates y agrava el sufrimiento y las violaciones de derechos humanos de las personas devueltas a Libia por la fuerza".