La iniciativa, de ser aprobada, instaría al Gobierno a "aprobar, con carácter urgente", un Real Decreto que desarrolle reglamentariamente la disposición adicional segunda de la Ley Orgánica de Educación de 2006, para que, a partir del siguiente curso escolar, cualquier asignatura de Religión confesional "se imparta fuera del horario lectivo obligatorio en todas las etapas educativas, tanto en los centros públicos como en aquellos privados sostenidos con fondos públicos, en el conjunto del territorio del Estado".

En segundo lugar, la proposición llama a "regular el ejercicio docente del protesorado de Religión confesional", para que éste se limite a impartir el currículo de la asignatura.

En tercero, se insta a que el Ejecutivo elabore "un Libro Blanco sobre laicidad en el sistema educativo español, que analice de manera integral el grado de aconfesionalidad de la enseñanza", y específicamente el impacto de la configuración dual de educación pública por un lado y concertada por otro "en la segregación escolar por origen socioeconómico", atendiendo a las advertencias de la OCDE.

Por último, IU y Compromís piden al Gobierno que presente, "en el plazo máximo de seis meses", un informe detallado ante la Comisión de Educación, Formación Profesional y Deporte, "en el que se expongan las características de la impartición de la asignatura de Religión confesional en el conjunto del Estado, desglosado por comunidad autónoma, tipo de centro y etapa educativa".