La denuncia formalizada lleva las firmas del portavoz parlamentario y responsable federal de Justicia e Interior de Izquierda Unida, Enrique Santiago, así como de Juan Moreno, en calidad de letrado de esta formación.

El texto señala que los datos puestos en conocimiento de la Fiscalía “se exponen al objeto de evitar la comisión reiterada de graves infracciones contra el Derecho Internacional Humanitario, así como delitos de contrabando”. Para ello, Izquierda Unida realiza un pormenorizado relato de hechos y antecedentes, enmarcados en "la actual situación legal derivada del genocidio que perpetra desde hace años el régimen israelí contra la población palestina".

De esta forma, la denuncia detalla que la carga química que transporta el ‘Chemical Master’ “irá a parar a la filial de la multinacional israelí ICL ubicada en la propia ciudad murciana (Cartagena), donde se fabrica fertilizante”, después de que “al parecer, el barco ha realizado previamente escala, el pasado día 5, en el puerto de Barcelona”.

Izquierda Unida indica que “se trata del segundo barco cargado con ácido fosfórico procedente directamente de Israel que descargará material en Cartagena en el último mes y medio, después de que lo hiciera el pasado 14 de septiembre el carguero ‘Trans Tind’”.

El escrito de Enrique Santiago incide especialmente en el hecho de que tanto la carga química que lleva ahora el ‘Chemical Master’ como la que transportó el ‘Trans Tind’ “viene directamente de territorios ocupados por el Ejército israelí en el Mar Muerto”, situación que ha denunciado el colectivo ‘BDS’. IU apunta en su denuncia que este colectivo “hace acertada referencia, asimismo, a las resoluciones de la Corte Internacional de Justicia en las que se insta a los Estados a que adopten "medidas que impidan relaciones comerciales y de inversión que contribuyan" a la ocupación israelí.

Contra tal fin se dirige también el “Real Decreto-ley aprobado por el Gobierno de España el pasado 23 de septiembre y convalidado posteriormente por las Cortes”, lo que se recuerda de forma específica también en el escrito registrado ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional para su específico conocimiento.

La coalición solicita a la Fiscalía que verifique la información aportada y que impulse "los procedimientos judiciales necesarios para determinar las personas responsables de haber tratado de contravenir la legislación española y realizar contrabando con productos que provenientes de territorios ocupados militarmente por Israel y cuyos beneficios facilitan la perpetración de graves delitos contra la comunidad internacional".

También pide que impulse "las medidas cautelares ejecutivas de bloqueo e incautación de la carga que sean procedentes y eficaces" y dar cuenta a la Corte Internacional de Justicia de las actuaciones realizadas y, en su caso, de dicha incautación "por lo que pudiera corresponder en orden al cumplimiento de la resoluciones ejecutivas que ya ha adoptado”.