El TSJB abrió una causa penal contra Gabriel Cañellas y el Consejo de Gobierno que en 1.991 aprobó la compra del inmueble que actualmente alberga la Consejería de Agricultura, para investigar si se produjeron los delitos de prevaricación, cohecho y malversación de fondos públicos.

Margalida Thomas explicó que "en el expediente que el Gobierno remitió al Parlamento a petición de los grupos políticos no figuran vrias facturas, por un valor de 30 millones de pesetas, que la Consejería pagó para realizar obras de reforma".

La diputada autonómica de la coalición mantiene la "sospecha de un doble pago de las obras de reforma". Por una parte, el Ejecutivo explicó que, de los 798 millones de pesetas pagados por el edificio a la empresa EDISALAM, 110 fueron destinados a realizar obras de reforma. Las facturas que obran en poder de IU fueron cobradas a la Consejería de Agricultura por el mismo concepto, pero a nombrede otra empresa, cuya identidad no ha trascendido.

La sede de Agricultura se adquirió en marzo de 1.991, y las nuevas facturas en manos de IU tienen fecha de agosto de ese mismo año.

"No es normal que el Gobierno pagase directamente a una empresa las obras de reforma cuando en la compra del edificio ya figuran 110 millones de pesetas destinados a tal fin", explicó Thomas. La diputada considera que "el Tribunal debe aclarar y explicar dónde fue a parar ese dinero".

El ex presidente autonómicoGabriel Cañellas declaró el pasado miércoles ante el juez instructor del "caso Agricultura" y defendió la legalidad en la tramitación de la compra, según las fuentes judiciales consultadas.