La pregunta espeta al Ejecutivo si “es consciente de la violación e incumplimiento de la Ley de Memoria Democrática en un acto público de relevancia como lo es la jura de bandera en la Academia Militar de Zaragoza”. El artículo 35 de la norma enumera los elementos contrarios a la memoria democrática, entre los que estaría el citado tapiz.

Dicho artículo cita como tales las edificaciones, construcciones, escudos, insignias, placas y cualesquiera otros elementos u objetos adosados a edificios públicos o situados en la vía pública en los que se realicen menciones conmemorativas en exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar y de la Dictadura, de sus dirigentes, participantes en el sistema represivo o de las organizaciones que sustentaron la dictadura, y las unidades civiles o militares de colaboración entre el régimen franquista y las potencias del eje durante la Segunda Guerra Mundial.

En el punto 4 señala que, cuando estos elementos estén en edificios públicos, las instituciones o personas titulares de los mismos serán responsables de su retirada o eliminación, y que carecerán de visibilidad los retratos u otras manifestaciones artísticas de militares y ministros asociados a la sublevación militar o al sistema represivo de la dictadura.

En esta línea, González y Alonso preguntan al Gobierno en funciones si se ha abierto algún tipo de “expediente informativo” o estudia alguna “sanción” en relación a este tema, y “qué medidas piensa adoptar para que el Ministerio de Defensa cumpla de una vez con la obligación de garantizar el cumplimiento íntegro de la Ley de Memoria Democrática”.