Según Andreu, el guardia civil denunció en 1990 que el brigada Balbino Parejo hurtó y utilizó indebidamente material del acuartelamiento de Jerez, concretamente conos y otros elementos de señalización viaria, que aparecieron en la finca que el brigada poseía en Extremadura.

A partir de ese momento Humberto Tinoco fue expedientado por llegar con un pequeño retraso a prestar servicio, trámite que aún está sin resolver, y posteriormente fuesuspendido de funciones y ha sufrido otros procesos disciplinarios por cuestiones "mínimas", según denunció Andreu.

Asimismo, al guardia civil Tinoco le demandaron judicialmente "por no encontrarse en su domicilio cuando se les envían los diferentes mandamientos judiciales de la Jurisdicción Militar".

Jerónimo Andreu consideró que es "obsoleto" que los guardias civiles se rijan por el Código Penal Militar. "La aplicación de la jurisdicción militar para estos trabajadores es absolutamente absurdaimpide que se haga justicia pronto y que se haga por los métodos ordinarios que tiene cualquier ciudadano", dijo.

El diputado de IU pidió que no se utilice "la opacidad y la inicuidad que en muchos casos tienen los procedimientos militares para que se le haga la vida imposible a un trabajador".

Por su parte, el abogado de la Unión Federal de Policía José Hernández Reyes afirmó que a partir de este momento cualquier trato inhumano que sufra un miembro de la Guardia Civil será puesto en conocimieno del fiscal general del Estado.

"Vamos a luchar, a través de la Unión Federal de Policía, porque la dignidad humana llegue al Cuerpo de la Guardia Civil y el Código Penal Militar, porque, como su nombre dice, es un cuerpo civil y no militar", dijo Hernández Reyes.