La formación liderada por Gaspar Llamazares argumenta que el año 2006 "es un momento crucial para el desarrollo del proceso de recuperación de la memoria", no sólo por ser el 75 aniversario de la proclamación de la II República, sino porque "nos encontramos ante un momento social apto para la consecución de tal proceso".

La propuesta de resolución de IU-ICV resalta que el Congreso de los Diputados "considera la legitimidad de la reinvindicación republicana dentro de los derechos básicos del ciudadano, y por tanto repudia y rechaza cualquier criminalización o represión de su simbología".

Por ello, insta al Gobierno a que, en el marco de las conclusiones de la Comisión Interministerial que estudia esta cuestión, aborde una política pública de recuperación de la memoria remitiendo a la Cámara debtro de este periodo de sesiones, es decir, antes del verano, un proyecto de ley.

El proyecto ha de contemplar la reconversión de la simbología franquista, en concreto el Valle de los Caídos; la aplicación de la legislación internacional sobre derechos humanos para las víctimas del franquismo, y la nulidad "radical" de todos los procesamientos políticos.

Asimismo, reclama la intervención pública en la localización, exhumación y divulgación de las fosas de víctimas del franquismo, siguiendo un protocolo científico; la elaboración de un "nomenclator" con las calles de denominación franquista, para sustituirla por otra democrática.

La dotación presupuestaria para la investigación de crímenes franquistas, la dotación de pensiones a las personas privadas de libertad en el franquismo, y el reconocimiento a los niños de la guerra y sus descendientes como exiliados, para concederles la nacionalidad española son otras de sus propuestas.

Para IU-ICV, esta ley debe prever la rehabilitación a los miembros de las Fuerzas Armadas y los Cuerpos de Seguridad que se mantuvieron leales al Gobierno republicano, la adecuación de los planes de estudio y libros de texto para instaurar una cultura democrática, la restitución a los partidos de los bienes incautados y la devolución de los documentos.

Por su parte, ERC resalta en su propuesta que "cada pueblo tiene el derecho inalienable a conocer la verdad acerca de los acontecimientos sucedidos y las circunstancias y los motivos que llevaron, mediante la violación masiva y sistemática de los derechos humanos, a la perpetración de crímenes aberrantes" para evitar que se repitan esos actos.

"El conocimiento por un pueblo de la historia de su opresión forma parte de su patrimonio y, por ello, se debe conservar adoptando medidas adecuadas en aras del deber de recordar que incumbe al Estado", prosigue. "Esas medidas tienen por objeto preservar del olvido la memoria colectiva, entre otras cosas para evitar que surjan tesis revisionistas y negacionistas".

En este sentido, emplaza al Ejecutivo a presentar antes del 30 de junio su proyecto para reconocer "la condición de víctima a todas las personas físicas o jurídicas represaliadas por la dictadura, ejerza de manera efectiva su deber de recordar y hago efectivo el derecho inalienable a la verdad, el derecho de las víctimas a saber y el derecho a la reparación, tal y como han sido definidos por la ONU".

JORNADAS, SERIES Y PROPAGANDA

Le urge también a realizar, con motivo de la conmemoración de 2006 como Año de la Memoria Histórica, unas jornadas de homenaje a los colectivos y personas que se significaron por la lucha contra la dictadura o que padecieron sus consecuencias, así como un reconocimiento a Lluís Companys, Carrasco i Formiguera y Alexandre Bóveda, siguiendo el mandato de esta Cámara.

Propone también la emisión de una serie documental televisiva sobre la II República en la Primera cadena de TVE (así como por el Canal Internacional) en horario de máxima audiencia, y que se ponga en marcha una campaña institucional de difusión de la historia republicana con conferencias, exposiciones y la edición de libros, vídeos y material sonoro.

ERC quiere que todas estas actuaciones se difundan en todas las lenguas cooficiales del Estado, y que todo el material esté disponible gratuitamente en formatos digitales accesibles (incluyendo su adaptación para programario libre y para personas con discapacidad) en páginas webs oficiales suficientemente publicitadas.

Por último, pide que el Gobierno promueva el trabajo de las personas y organizaciones que trabajan a favor de la recuperación de la memoria histórica, con la aportación de recursos económicos y materiales para la continuación y la difusión de su labor y velando especialmente por garantizar el apoyo de los trabajos propios circunscritos a comunidades autónomas o entes municipales.