Santiago dejó ambos mensajes en una entrevista en TVE recogida por Servimedia en la que, por lo demás, reiteró su afirmación de ayer de que "utilizar la autoridad que tiene una persona ante la administración para obtener un beneficio propio de un tercero es un delito", aunque a veces no esté clara la línea roja entre conseguir un beneficio para el país o para un tercero.

Al final de la entrevista, confesó que le "parece desolador que una persona con un gran prestigio en la izquierda" haya incurrido en estas prácticas, porque "hay cosas que no tienen que ser ilegales, pero que políticamente son demoledoras",

En este sentido, lamentó que, teniendo los expresidentes "recursos públicos suficientes a su disposición para llevar una vida con holgura", como la posibilidad de tener puesto vitalicio en el Consejo de Estado, lleven también a cabo actividades privadas con un "afán muchas veces desmedido o ilimitado de obtención de lucro personal", que "da más problemas que beneficios". Aquí insistió en tramitar la ley de lobbies y regular el estatuto de los expresidentes, dos iniciativas que, dijo, no se han puesto en marcha "por falta de voluntad del Partido Socialista".

Una vez reafirmados los reproches al expresidente, el portavoz de Interior y Justicia de Sumar apuntó que el auto del juez Juan José Calama "presenta unos indicios muy claros en unos supuestos" pero no en temas como la apropiación indebida o el blanqueo de capitales, donde a su juicio "no hay nada claro". "Y, desde luego, lo que no aparece en el auto por ningún lugar es una presunta responsabilidad de este Gobierno", zanjó.

Además, Santiago pidió "que la justicia no se deje llevar por influencias de agencias extranjeras estadounidenses que últimamente, como estamos viendo, pretenden convertir en procedimientos judiciales lo que son afectaciones claras en la soberanía de los países", como su incursión en Venezuela y ahora en Cuba montando causas en los tribunales contra sus exdirigentes Nicolás Maduro y Raúl Castro "por interés político".

Desarrolló su acusación señalando que "no es muy normal que los Estados Unidos pongan a disposición de una agencia de seguridad grabaciones que no sabemos dónde se han obtenido" ni con qué autorización judicial., y que tampoco lo es que dichas agencias "se preocupen tanto de Zapatero y no del lobby que hacen otros expresidentes".

"A lo mejor Estados Unidos confunde, y entiende que eludir las sanciones ilegales que ellos imponen a otros países como Venezuela es un delito perseguible en España", elucubró, constatando que no lo es y sugiriendo que EEUU podría intentar "causar una crisis política en el Gobierno de España" y "dar un escarmiento a quienes han podido trabajar, por ejemplo, por eludir las sanciones ilegales conforme al derecho internacional impuestas unilateralmente por Estados Unidos a Venezuela".