En este sentido, IU solicita que se "revise" con carácter general todos los derechos reconocidos a los perseguidos y represaliados por el régimen franquista que en la actualidad no residan en territorio español y que no puedan acogerse a ninguna ley autonómica.

Con esta iniciativa se pretende que los afectados puedan acceder a indemnizaciones y pensiones de una cuantía "digna y acorde con la deuda que la causa de la libertad tiene contraída con la resistencia antifranquista".

Por ello, IU solicita que el Ejecutivo remita al Congreso en un plazo máximo de 4 meses un estudio comparativo de toda la legislación estatal y autonómica vigente, que recoja los casos resueltos y pendientes de los afectados en materia de reparación material a las personas que vivieron esas situaciones.

IU reclama que a la vista de los resultados de este informe se tomen decisiones que muestren una "más justa atención por parte de los poderes públicos". En esa misma línea, piden que las comunidades auónomas que todavía no han legislado en este sentido lo hagan antes de final del presente año.

Entiende IU que las indemnizaciones deben extenderse más allá de las autorizadas en 1991 bajo las condiciones de haber estado al menos tres años en la cárcel y tener cumplidos 65 años en 1990. Algunas comunidades autónomas extendieron en sus legislaciones el ámbito de aplicación de esta norma.

Pese a ello, "quedan todavía sin resolver muchos casos" y comunidades como País Vasco, Extremadura, Baleares, Catilla y León, Valencia, La Rioja, Murcia, Galicia y Canarias, no han legislado en ese sentido. Y para esos casos, IU reclama que sea la Administración central la que se haga cargo de esa reparación material.