IU pide al Ejecutivo de Esperanza Aguirre que comunique al Parlamento Europeo y al Gobierno español su oposición a la directiva y que inste a la Administración central a que se comprometa a no aplicar esta normativa.

Esta formación política exige que se garantice que toda medida o acción que se adopte en relación con los menores extranjeros no acompañados se adecua a la Convención de los Derechos del Niño y en especial al principio de interés superior del menor.

En cualquier caso, considera que debe quedar garantizado que el retorno es seguro y que el menor no quedará en situación de desamparo, asegurando que si es imposible la vuelta a su entorno familiar o no puede acogerse a la tutela de los servicios de protección de su país, la Comunidad de Madrid se compromete a su acogimiento y a proporcionarle todos aquellos recursos que le permitan una vida digna, así como el ejercicio y disfrute de sus derechos a la asistencia médica, a la educación y a la integridad física y mental.

IU reclama igualmente la adopción de medidas que garanticen el acceso de todas las personas extranjeras al conjunto básico de derechos, independientemente de su situación administrativa, como la educación, la sanidad, prestaciones sociales y asistencia letrada.

Según explicó en rueda de prensa Inés Sabanés, portavoz del Grupo Parlamentario de IU en la Cámara autonómica, esta directiva podría calificarse como "de la vergüenza", ya que elimina avances democráticos, derechos y garantías y crea categorías diferentes de ciudadanos.

Sabanés rechazó que mediante este documento se pueda criminalizar de manera sistemática la inmigración, introduciendo una política selectiva en esta materia, y consideró "indecente" que en un momento de crisis económica como el actual se produzca también una crisis de naturaleza humanitaria como la que propugna la Directiva Europea de Retorno.

Por su parte, la diputada regional de IU Caridad García aseguró que su grupo parlamentario va a procurar que este tipo de normativas tengan la respuesta que merecen no sólo en Europa, sino también en España, y denunció la pasividad que están demostrando los gobiernos ante hechos lamentables como la persecución que se está llevando a cabo en Italia contra la población inmigrante.

"El Gobierno español no puede ni debe mirar hacia otro lado, tiene que tomar una decisión y rechazar contundentemente la directiva", añadió la diputada de IU.