Alonso compareció ante la Comisión de Interior del Congreso de los Diputados para dar cuenta del cumplimiento de esas recomendaciones por parte del Gobierno.

Pese a mostrarse satisfechos en mayor o menor grado con la actuación del Ejecutivo desde entonces, los portavoces de estas tres formaciones echaron en falta avances en algunos puntos concretos, sobre todo en la aplicación de ese pacto.

Tanto Gaspar Llamazares (Izquierda Unida), como Josep Maria Guinard (CiU) y Emilio Olabarría (PNV) consideraron que el impulso a ese acuerdo de todos contra el terrorismo internacional estaba contenido en las peticiones al Gobierno.

Pidieron por ello a Alonso que lo ponga en práctica y que se mantengan contactos entre el Gobierno y los grupos parlamentarios para formalizarlo y aprobar un calendario de encuentros y trabajos.

Con esas palabras lo hizo Llamazares. Guinard pidió expresamente que se dejen de lado los "partidismos" para acordar una lucha conjunta contra esta amenaza, y especialmente claro fue Olabarría.

El portavoz del PNV pidió explícitamente que ese acuerdo sea "antitético" al suscrito entre PSOE y PP contra ETA y que, a diferencia de lo que, en su opinión, sucede con aquel, en esta ocasión no se prejuzguen ideologías o posiciones políticas.

Sería necesario, dijo, un consenso "muy superior" al que respalda a ese acuerdo, y que no se diga nada similar a lo incluido en su preámbulo, es decir, precisó, que se respeten los elementos identitarios de todas las religiones sin vincularlas al terrorismo.

En conjunto, Llamazares consideró que la orientación del Gobierno es cumplir las recomendaciones, pero lanzó una advertencia al subrayar que nunca las medidas de seguridad pueden suponer un recorte de derechos y libertades.

Hay mucho por hacer también, alertó, en el fomento de la cooperación internacional, y en el cuidado para que las relaciones internacionales y las políticas de inmigración no puedan servir como caldo de cultivo de potenciales terroristas.