Esta iniciativa fue explicada este miércoles por el portavoz de IU y diputado de Sumar, Enrique Santiago, quien indicó que piden modificar la Ley 53/2007 sobre Control del Comercio Exterior de Material de Defensa y Doble Uso para incorporar "estricta y expresamente el concepto y procedimiento" de embargos de transferencias de armas.

La propuesta pretende establecer mecanismos claros para prohibir la venta y compra de armamento cuando existan evidencias de que el país está cometiendo crímenes internacionales o genocidio. La propuesta legislativa hace referencia a casos como Israel y a su actual intervención en Gaza, donde diversos partidos españoles sostienen que este país está cometiendo genocidio.

Santiago destacó que "sorprendentemente" hasta ahora la legislación española no ha contado con un procedimiento "claro y ejecutivo" para practicar estos embargos "sin ningún tipo de ambivalencia" en casos de crímenes contra la humanidad.

CONTROL EXHAUSTIVO

El texto contempla modificaciones en cuatro leyes diferentes relacionadas con puertos y transporte marítimo para reforzar las inspecciones y el control sobre el tráfico de material militar.

La iniciativa permitiría bloquear cualquier envío o recepción de materiales que pudieran contribuir a la comisión de crímenes internacionales, incluyendo no solo armas, sino también equipamiento para fuerzas de seguridad.

Además, la propuesta busca impedir cualquier tipo de financiación o apoyo a empresas que participen directa o indirectamente en la perpetración de genocidios u otros crímenes graves.

RESPALDO INTERNACIONAL

Santiago recordó que actualmente existen importantes resoluciones de la Corte Internacional de Justicia y la Corte Penal Internacional sobre personas implicadas en crímenes internacionales que no se están cumpliendo adecuadamente.

La modificación legal facilitaría una mayor capacidad de intervención y el cumplimiento de las resoluciones de tribunales internacionales, especialmente de la Corte Internacional de Justicia.

El diputado señaló que la propuesta también servirá para cumplir finalmente con la posición común de la Unión Europea 944 del año 2008 sobre control de exportaciones de tecnología y equipamiento militar.