Por este motivo, su coalición presentó hoy, en el Parlamento regional, una proposición de ley para que la CAM solicite del Parlamento nacional la derogación del real decreto ley 2/1985, de 30 de abril, sobre Medidas de Política Económica.

La diputada de IU señaló, asimismo, que otra de las razones desu propuesta es la especial incidencia que ha tenido la medida en la región.

Comentó que, según una reciente encuesta elaborada por el Ministerio de Obras Públicas (MOPU), las tres cuartas partes de los contratos acogidos al "decreto Boyer" se realizaron en la capital y que la duración de los mismos se realiza por un tiempo inferior a los seis meses, "con la consiguiente situación de precariedad que se deriva para los inquilinos".

Para Vilallonga, del citado informe también se desprende que en laactualidad el número de viviendas en alquiler (1.365.000) no llega al 12 por ciento del parque de casas.

"En relación con el censo de 1985, año de la promulgación del decreto, supone una caída de casi un 5 por ciento, ya que había cerca de 1.800.000 pisos alquilados", puntualizó.

Otra de las "maldades" de la medida promulgada por el ex ministro socialista de Economía es, a juicio de IU, que no cumplió con el objetivo señalado: reducir los precios de los alquileres.

NUEVA LEGISLACION

IsabelVillallonga precisó que una nueva política de viviendas debería recoger acciones indirectas, a través de modificaciones legislativas, que permitan operaciones de acceso a la propiedad-rehabilitación por los inquilinos de renta antigua, así como un nuevo marco legislativo adaptado a los del entorno europeo de España.

De llevarse a cabo una nueva legislación sobre arrendamientos, IU apostaría por el modelo similar al existente en Italia, de forma que la duración de los alquileres nunca fuese inferior a uatro años.

El precio debería guardar relación con la superficie y con el costo de producción del inmueble. El precio debería revisarse todos los años en un 75 por ciento del indice del coste de la vida, a juicio de la parlamentaria de IU.

Asimismo, los dirigentes de la coalición consideran imprescindible suprimir el artículo 8 del "decreto Boyer", que fomentaba la terciarización de las áreas centrales de las ciudades españolas.

"La supresión de este punto devolvería a la CAM y a los ayuntamentos de la región las competencias plenas en ordenación del territorio, que habían sido invadidas por la norma liberalizadora, concluyó Isabel Vilallonga.