Después de mostrar su "satisfacción" por esta decisión judicial, Sabanés dijo que "la advertencia del Tribunal Constitucional a la consejera por poner en riesgo la protección ambiental es motivo para asumir responsabilidad política y, por tanto, dimitir".

Sabanés pidió asimismo al Gobierno regional que "rectifique" y señaló que su presidenta, Esperanza Aguirre, "va de varapalo judicial a varapalo judicial: la M-501, la ley de modernización y pronto la M-50".

"Esto le tendría que hacer reflexionar y dejar de actuar al margen de la ley en materia medioambiental", manifestó.

Sobre este mismo asunto, la diputada regional de IU Reyes Montiel afirmó que el Gobierno regional debe "pedir disculpas a los agentes forestales" y añadió que "ya no valen excusas y que se diga que la suspensión cautelar es un mero trámite".

"Está claro que el Tribunal Constitucional ve riesgos para el medio ambiente en la aplicación de este artículo, por lo que el Gobierno debería asumir su error y retirar inmediatamente la ley", concluyó.