La iniciativa reformaría, por un lado, la Ley de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo, de 2011, para incorporar los crímenes cometidos con anterioridad al 1 de enero de 1983 "por agentes del Estado mientras realizaban actividades oficiales" como causa para el reconocimiento de victima que hace la citada norma.

Además, en caso de que no haya sentencia firme que sanciones los hechos, la proposición incluye como criterio para el reconocimiento que se hayan abordado en "comisiones de investigación parlamentarias· Hasta ahora, sólo valía que "se hubiesen llevado a cabo las oportunas diligencias judiciales" o "incoado los procesos penales para el enjuiciamiento de los delitos".

Por otra parte, la propuesta añadiría una disposición adicional a la Ley de Memoria Democrática de 2022 que concedería una indemnización de 250.000 euros, a los beneficiarios de esas víctimas: en primer lugar, los hijos y el cónyuge, o la persona que hubiere venido conviviendo con ella al menos los dos años anteriores al asesinato.

IU confía en que con esta modificación podría reconocerse como víctima a Manuel José García Caparros, el joven asesinado por disparos de la Policía el 4 de diciembre de 1977 mientras se manifestaba a favor de la autonomía andaluza. Cuando sus familiares lo reclamaron, la directora general de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo, Montserrat Torija, les respondió por carta que la ley exige que exista sentencia firme para que una sea reconocida como tal.

Por otra parte, IU considera que debe incluirse a los asesinados "hasta la plena consolidación democrática, pasada ya la intentona golpista del 23F de 1981”, y ve “apropiado desde un punto de vista legal e histórico” fijar el final de ese periodo temporal en el 1 de enero de 1983.