Santiago formuló esta idea a través de unas preguntas escritas para el Gobierno registradas en la Cámara Baja. En su exposición de motivos, constata que el nuevo presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, anunció en julio la designación de Mejía.

Seguidamente, asegura que la trayectoria del elegido "se encuentra estrechamente vinculada a posiciones de oposición frontal al Acuerdo Final de Paz suscrito en 2016 entre el Gobierno de Colombia y las FARC-EP", y que se contradice con "el papel que España ha desempeñado, y continúa desempeñando, en el acompañamiento internacional al proceso de paz colombiano".

El portavoz de IU recuerda también que "el artículo 4 de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961 establece que el Estado acreditante debe asegurarse de que la persona propuesta para encabezar una misión diplomática haya obtenido previamente el asentimiento del Estado receptor, y que este último no está obligado a comunicar los motivos de una eventual negativa".

En estas circunstancias, Santiago pregunta al Gobierno si tiene previsto "valorar, antes de conceder el beneplácito" a Mejía, "las informaciones y denuncias trasladadas por ciudadanos colombianos residentes en nuestro país, así como su trayectoria pública y sus declaraciones contra el proceso de paz colombiano".

También pregunta al Ejecutivo si, con esa trayectoria, Mejía "reúne las condiciones de idoneidad necesarias para representar a Colombia ante el Reino de España". Y, en caso que considere que no las reúne, si "se plantea denegar el beneplácito solicitado para su acreditación como embajador".

El portavoz de IU fue asesor jurídico de las FARC en las negociaciones de paz de La Habana de 2016, mientras que Mejía, entre otros dirigentes del partido de Espriella, divulgó durante la campaña electoral de este año una fotografía en la que se catalogaba a su rival, Iván Cepeda, como "candidato" de las FARC.