El presidente de Iustitia Europa, Luis María Pardo, hizo esta consideración con motivo de la declaración este lunes ante el instructor José Calama del expresidente de Plus Ultra Julio Martínez Sola. Para este martes está citado el exconsejero delegado de la aerolínea Roberto Roselli.

Respecto a si deben tomarse medidas cautelares contra Zapatero si Calama y Roselli se ratifican y amplían sus acusaciones por escrito contra el expresidente, Pardo afirmó que es “incomprensible” que Zapatero mantenga su pasaporte y pueda “viajar por todo el mundo sin ningún tipo de problema” pese a las conductas delictivas que se le atribuyen.

Añadió que si se “acreditan” los indicios contra el exjefe de Ejecutivo, deberían tomarse medidas cautelares, debido a la gravedad de los hechos que se le imputan. No obstante, destacó que esto es una medida que debe tomar el juez y su partido estará “a lo que digan” el instructor y el fiscal.

“PRETENSIÓN DE COBRAR”

En sus confesiones por escrito de antes del verano, Martínez Sola y Roselli indicaron que, para conseguir el préstamo de 53 millones de la SEPI, pagaron el 1% de esa ayuda a sociedades vinculadas a Julio Martínez Martínez, al que señalaron como intermediario de Zapatero.

Sostuvieron que Zapatero y Martínez Martínez "tenían la pretensión de cobrar" por sus gestiones para lograr el préstamo estatal que debía "salvar" a la aerolínea. Para ello se firmó un contrato con pagos de "elevadas cantidades de dinero" por labores de "acompañamiento".

Ese contrato se suscribió con la sociedad Idella Consulenza, propiedad de Martínez Martínez, y vinculaba "directamente la remuneración al resultado del procedimiento ante la SEPI", con una retribución del 1% del total más IVA. La cifra resultante ascendería a 530.000 euros, esto es, un 1% de los 53 millones del rescate de la SEPI aprobado en 2021.

BLANQUEO DE DINERO

Martínez Sola, vicepresidente ejecutivo y cofundador de la aerolínea en 2011 junto a Fernando González Enfedaque, se presenta en su escrito como una figura que compartió la gestión de la compañía, pero careció de control real sobre las decisiones financieras más comprometidas. Atribuye al empresario Rodolfo Reyes la condición de artífice de las operaciones opacas de Plus Ultra que son objeto de la investigación.

Lo que investiga es si Plus Ultra empleó el rescate estatal para atender préstamos que habrían servido para blanquear fondos de altos cargos chavistas. Esa línea conecta la causa española con las solicitudes de cooperación judicial internacional que en su día remitieron las autoridades francesas y suizas sobre una red de blanqueo de capitales.