En una entrevista con Servimedia, Pardo aludía a que el Supremo paralizará el pasado 10 de septiembre, en un recurso de Iustitia Europa, la inscripción en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) de quienes obtuvieron la nacionalidad por la vía de los descendientes prevista en la Ley de Memoria Democrática, salvo que acrediten el exilio de sus familiares.

"Los 35 millones tienen derecho a que se lleven a cabo unas elecciones que no sean discutidas", afirmó Pardo, en alusión al censo electoral. "Si discutimos la legitimación de una de las elecciones, estamos discutiendo la legitimación de nuestras instituciones", añadió el abogado, que alertó de que votar con un censo "adulterado" sería "gravísimo".

Se da la circunstancia de que Iustitia Europa presenta este domingo en Madrid su proyecto para concurrir a las próximas elecciones generales, en la que se presentará con su aval de lucha contra la corrupción y un proyecto para hacer más independientes las instituciones.

El dirigente explicó que la ley exigía dos requisitos acumulativos, "presunción del exilio y descendiente", pero que una instrucción posterior de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, de octubre de 2022, "lo que hizo fue alterar la ley, el espíritu, y decir que uno o el otro". El resultado, según dijo, fue "un boom de nacionalizaciones".

"SUSPÉNDASE LOS EFECTOS ELECTORALES"

Pardo sostuvo que una instrucción "no puede ir contra una ley" y que todo lo obtenido a través de ella es nulo de pleno derecho por vulnerar la seguridad jurídica que garantiza el artículo 9 de la Constitución. Según los datos del censo difundidos en el procedimiento, los electores residentes en el extranjero aumentaron en 408.262 entre 2023 y julio de 2026.

El abogado se apoyó en una sentencia de 2012 según la cual la seguridad jurídica electoral prima sobre la verdad material. "Por eso el Tribunal Supremo adopta la medida cautelar: suspéndase los efectos electorales. Sale en bomba el Gobierno y dice: no, es que la nacionalidad se está privando de un derecho fundamental, que es el derecho al voto. Mentira", afirmó.

Para rebatir ese argumento, recordó que la nacionalidad y el sufragio no van necesariamente unidos, ya que los españoles que residen fuera no votan en las municipales y los que viven en otro país de la UE pueden elegir dónde votar en las europeas. La nacionalidad ya concedida no queda afectada por la cautelar, que solo alcanza a sus efectos electorales.

La Abogacía del Estado recurrió en reposición el auto el pasado 22 de septiembre, alegó que la medida afecta a 168.896 nacionalizados inscritos en el CERA y advirtió de que los consulados no podrán revisar los expedientes antes del cierre censal. Iustitia Europa se opuso dos días después al recurso y pidió mantener la suspensión.

CHOQUE ENTRE TRIBUNALES

Pardo replicó que, si hubo personal en los consulados para tramitar las nacionalizaciones, debe haberlo para certificar que se hicieron conforme a derecho, aunque para ello se necesite un año. Frente a las 400.000 personas cuyo voto está en cuestión, según su cálculo, defendió que prima el interés general de un censo de 35 millones de españoles.

El presidente de Iustitia Europa dijo entender que el Gobierno pretende llevar el asunto al Tribunal Constitucional y alertó de las consecuencias. "Yo no he visto en los años que llevo como abogado y en todo lo que yo he leído de libros de derecho que el Tribunal Constitucional pueda revertir una medida cautelar de un Tribunal Supremo", afirmó.

A su juicio, ese escenario supondría "un conflicto entre los poderes del Estado" que obligaría a abrir el debate: "No podemos tener un Tribunal Constitucional político". Pardo abogó por crear en el Supremo una sala de garantía de derechos fundamentales y recalcó que se trata de una cuestión de legalidad ordinaria, en la que el órgano competente es el Alto Tribunal.

Si el Constitucional llegara a pronunciarse, el abogado hizo un llamamiento a sus magistrados para impedir la votación: "Yo lo que invito a los magistrados del Tribunal Constitucional es que, para que no haya quórum, si ellos no están, no se puede votar. La propia Ley Orgánica del Tribunal Constitucional exige el quórum".