Será la titular de la plaza 3 de la Sección de Instrucción del Tribunal Central de Instancia, María Tardón, la que se haga cargo de la investigación de la denuncia que también reclama que se investigue a qué responsables u organismos se comunicó esa información.

La denuncia se interpone por posibles delitos de atentado contra la seguridad del Estado, inmigración ilegal, tráfico de personas y omisión de persecución de estos hechos y se dirige contra todos aquellos funcionarios, miembros de organizaciones criminales y autoridades españolas y extranjeras que tuvieran que ver con la avalancha.

Iustitia Europa pide que reclame al Congreso de los Diputados una copia oficial de la comparecencia de la ministra de Defensa, Margarita Robles, celebrada este martes para que se incorpore a la causa. La ministra dijo en ese foro que el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) hizo su trabajo y compartió la información de la que disponía con las Fuerzas de Seguridad y la Delegación del Gobierno.

La organización denunciante pide que el Gobierno de Ceuta, el Ministerio del Interior y la Guardia Civil entreguen las comunicaciones que recibieron o que, en su caso, certifiquen su existencia, fecha, contenido y qué se hizo después. También pretenden que se indague si hubo “actores interesados” en una posible desestabilización política de España y de la Unión Europea.

La magistrada ya solicitó el 3 de agosto un informe a la Unidad Central de Redes de Inmigración y Falsedades Documentales (UCRIF), la unidad de la Policía Nacional sobre la entrada masiva en Ceuta y también pidió a la Guardia Civil que informara sobre las alertas previas recibidas y los detalles del operativo desplegado en la ciudad autónoma, así como los datos de las personas rescatadas.

Las pesquisas se dirigen a documentar la trazabilidad de la información y las decisiones operativas que se fueron tomando. Ahora, la jueza deberá decidir si admite esta petición y reclama al CNI los datos sobre la información que tenía y a quien se la transmitió.