Según informó este miércoles este partido, que preside Luis María Pardo, han interpuesto un recurso contencioso-administrativo ante el Supremo contra el Acuerdo 204/2026 de la Junta Electoral Central (JEC).

En su resolución de hace unas semanas, la JEC reconoció la insuficiencia de la información proporcionada por la Oficina del Censo Electoral sobre el efecto de la 'ley de nietos'. No obstante, el acuerdo impugnado no ordenaba la inspección y revisión exhaustiva que se solicitó, lo que ha llevado a Iustitia Europa a recurrir al Supremo.

Esta iniciativa ante el Alto Tribunal busca asegurar la transparencia y objetividad en los comicios. Pardo señaló que "el censo electoral no puede ser una caja negra", al tiempo que destacó la necesidad de control público y judicial sobre quién vota y con qué respaldo documental.

Pardo declaró que son los únicos que han llevado ante el Supremo lo referido a las altas censales, cuyo volumen y trazabilidad son inciertos. "Una vez celebradas las elecciones, ninguna sentencia puede reconstruir por completo la voluntad popular", afirmó Pardo.

LUCHA POR LA TRANSPARENCIA

El recurso presentado incluye el voto particular de cuatro vocales de la Junta Electoral Central, quienes sostienen que ciertos criterios administrativos pudieron ampliar los supuestos de la Ley de Memoria Democrática, afectando al censo electoral. Iustitia Europa solicita la suspensión provisional de estas altas automáticas.

Además, la formación demanda la identificación separada y revisión prioritaria de las nuevas altas, así como la conservación íntegra de los documentos y metadatos relacionados. La falta de cifras exactas y trazabilidad de las altas CERA es uno de los puntos críticos del recurso.

Se destaca que la integridad del censo es clave para la transparencia e igualdad del proceso electoral. Cualquier deficiencia en su formación podría tener efectos irreversibles, afectando la legitimidad de los resultados electorales, según la formación.

La medida cautelar solicitada por este partido pretende prevenir posibles irregularidades antes de las elecciones. La organización subraya que, una vez celebrados los comicios, es imposible corregir las deficiencias que puedan haber influido en la expresión de la voluntad popular.

FALTA DE INFORMACIÓN

El recurso también destaca la falta de información pública sobre la distribución provincial de las altas CERA y la vía de adquisición de la nacionalidad. El partido presidido por Pardo insiste en la necesidad de transparencia y control sobre estos procesos para garantizar elecciones justas.

La formación se posiciona nuevamente como defensora de la legalidad y los derechos de la sociedad civil. Su recurso ante el Supremo busca resolver una controversia que, hasta ahora, permanecía en el ámbito administrativo y fuera del alcance del control ciudadano.

Los demandantes reafirman su compromiso con la transparencia electoral y la protección de los derechos democráticos. La formación espera que el Tribunal Supremo acoja sus demandas y adopte las medidas necesarias para asegurar la integridad del censo electoral en futuras elecciones.