Según el contrato electoral de la formación que lidera Luis María Pardo, al que ha tenido acceso Servimedia, la propuesta pasa por reformar el artículo 125 de la Carta Magna.

Esta modificación de la norma fundamental buscaría garantizar a ciudadanos, asociaciones y partidos el derecho a ejercer la acción popular sin restricciones para salvaguardar esta "figura histórica". Con este fin, se dotaría “de legitimación activa a asociaciones, partidos, plataformas, organizaciones y ciudadanos en causas judiciales de interés general”.

Con el cambio que se propone, los ciudadanos, individualmente o a través de asociaciones, partidos u organizaciones, tendrían “el derecho inalienable a ejercer la acción popular como garantía de control democrático del sistema judicial, y de lucha efectiva contra la corrupción, la impunidad y cualquier forma de abuso de poder”.

La acción popular, que no existe en la mayoría de los países europeos, ha permitido en los últimos años impulsar investigaciones judiciales como el 'caso Koldo', el 'caso Mascarillas' o las causas sobre la esposa y el hermano del presidente del Gobierno, Begoña Gómez y David Sánchez.

“INMIGRACIÓN DESCONTROLADA”

En materia migratoria, el programa de la formación de Pardo sostiene que “la inmigración descontrolada no es integración, es invasión” y propone una reforma integral de la Ley de Extranjería con “tolerancia cero con la inmigración ilegal”. Entre sus medidas figura el “cierre total de la frontera sur”, con el refuerzo de la valla de Ceuta y Melilla y la habilitación de las Fuerzas Armadas para repeler “de inmediato” cualquier intento de entrada ilegal.

Esta fuerza política plantea también “deportaciones masivas de inmigrantes ilegales” y el “fin de los papeles para todos”, ya que “quien entre ilegalmente en España será expulsado sin derecho a regularización”. A ello suma la expulsión inmediata de cualquier inmigrante que cometa delitos graves o reincida, el fin de las ayudas y subvenciones a quienes estén en situación irregular y una modificación del procedimiento de asilo.

El texto prevé que el Ejército y la Armada se desplieguen en fronteras, puertos y costas, y que su flota en Ferrol se destine “en su totalidad” a Canarias. La interceptación de pateras sería inmediata y el retorno, “automático”, con el “fin de los rescates convertidos en taxis ilegales hacia nuestras costas”, mientras los buques militares garantizarían que “ningún barco de ONG pueda actuar como cómplice de las mafias migratorias”.

En seguridad, Iustitia Europa reclama “un nuevo modelo policial” y propone un referéndum interno en la Guardia Civil para que sus agentes decidan si el cuerpo se convierte “en una Policía civil” o mantiene su naturaleza militar. Plantea igualmente sacar del Código Penal Militar las conductas de los guardias civiles y establece que los salarios de este cuerpo y de la Policía Nacional “nunca podrán ser inferiores a los de las policías autonómicas o locales”.

"TIJERETAZO" A LOS GASTOS

Para la “despartidización del Estado”, la formación limita a dos mandatos la permanencia del presidente del Gobierno y de cualquier cargo electo, y propone que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sea elegido por los jueces y que los magistrados del Tribunal Constitucional no hayan tenido cargo político ni militancia “en los últimos 30 años”. El fiscal general sería nombrado por el CGPJ por nueve años no renovables.

En el apartado económico, bautizado como “el tijeretazo”, plantea reducir los ministerios a un máximo de siete, eliminar el 75% de los asesores políticos y recortar un 20% los sueldos políticos. Asimismo, propone suprimir la financiación pública a partidos, sindicatos y patronales y cerrar “más de 2.000 chiringuitos, fundaciones, observatorios y organismos” que, según el documento, suponen más de 6.000 millones de euros anuales.