Jané recordó a Servimedia que la legislación española establece la obligatoriedad de las empresas de comunicación de conservar durante un año los registros de llamadas y mensajes por si fuera necesario consultarlos con autorización judicial.

Reconoció que la propuesta de Blair va aún más allá, y dijo que la lucha contra la amenaza terrorista necesita de medidas de control que deben aplicarse bajo la estricta vigilancia de los jueces.

Consideró necesario que los estados dispongan de mecanismos que les permitan rastrear las comunicaciones de los sospechosos, siempre bajo control judicial, con respeto a los derechos fundamentales y en relación a personas concretas y no con criterio general.