Fue el PP el que presentó el 25 de febrero la denuncia señalando que las declaraciones de la portavoz desde el Palacio de La Moncloa estaban "plagadas de numerosos elementos valorativos con claras connotaciones electoralistas" y con "numerosas apreciaciones críticas sobre el Partido Popular, así como la gestión de diferentes gobiernos autonómicos incluyendo valoraciones peyorativas y despectivas". Todo en la antesala de las elecciones autonómicas de Castilla y León del próximo 15 de marzo, lo que vulneraría el principio "de neutralidad de los poderes públicos en período electoral".

A pesar de que Saiz presentó alegaciones, la JEC da la razón a los populares y estima su denuncia al considerar que "vulneró presuntamente" las prohibiciones que marca el artículo 50.2 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (Loreg) así como "el deber de neutralidad política que en actos institucionales deben respetar los cargos públicos durante los periodos electorales".

En concreto, la JEC señala que la portavoz no se limitó a comunicar "los acuerdos del Consejo de Ministros" sino que hizo afirmaciones como: "En relación a los acuerdos del Partido Popular con Vox: yo creo que es la rendición del Partido Popular ante Vox. El Partido Popular ha pasado de blanquear a la ultraderecha a ser la ultraderecha" o "son dos modelos, el modelo del Gobierno de coalición progresista, que trabaja por la transparencia, por la calidad democrática y por poner en el centro a los ciudadanos o, en este caso, el Partido Popular y Vox que, pues lo que abogan es por una España en blanco y negro".

Así, recuerda a Saiz que puede "ejercer libremente" su derecho fundamental a la libertad de expresión y opinión, "y realizar una crítica de la actuación de otros partidos políticos", pero "no puede hacerlo prevaliéndose de la utilización de los medios públicos de los que dispone en razón de su cargo público".

Al mismo tiempo, Saiz alegó que el deber de neutralidad en periodo electoral que marca la ley se refiere al "ámbito territorial afectado por las elecciones", apuntando que la ministra no se refirió a Castilla y León. Y justificó sus palabras en la "creencia de estar amparada en las funciones propias de la ministra portavoz del Gobierno de coalición, respondiendo únicamente a las preguntas de los periodistas y en ningún caso como actividad de campaña".

Unas justificaciones que la JEC rebate duramente al señalar que "debía conocer suficientemente las exigencias de la Ley electoral", puesto que "son ya numerosos los casos en que la Junta Electoral Central se ha pronunciado sobre el mismo supuesto de declaraciones en una rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros".

Por ello, estima la denuncia de los populares e incoa expediente sancionador. Además, insta a la ministra a que durante el resto del periodo electoral "se abstenga de realizar actuaciones" como estas y ordena la retirada de las expresiones aludidas de la publicación del video de la web oficial de la Moncloa, así como del canal oficial del que dispone en YouTube.

Tras conocer esta decisión, desde el PP señalaron que la JEC "acredita la utilización espuria que hace el Gobierno de los recursos públicos, producto de su desesperación tras las numerosas debacles electorales que le está propinando el Partido Popular".

En ese sentido, los populares denuncian el "desprecio" que muestra el Ejecutivo contra "la imparcialidad institucional y contra la propia JEC, que no es la primera vez que amonesta al Gobierno".