Sanz aseguró a preguntas de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), que ejerce la acusación popular, que la Fiscalía llegó a abrir dos expedientes a raíz de las denuncias de Manos Limpias y del Colegio de Abogados de Madrid. Ambos se acabaron uniendo en un único procedimiento que quedó en suspenso cuando se abrió la causa judicial.

Según explicó, la ley impide a la Fiscalía mantener su propia investigación cuando una causa está ya judicializada. Insistió, en todo caso, en que “la inspección fiscal fue la primera entidad que incoó un expediente”. La fiscal detalló que “no hubo tiempo de hacer nada”.

“Yo no puedo llevar a cabo ninguna investigación si hay un procedimiento penal en curso” y añadió que “cuando habíamos empezado a instruir nuestro expediente, ya se había incoado un procedimiento penal” y, por tanto, “no hubo tiempo de hacer nada”

Sanz respondió a las acusaciones populares que no había cambiado de teléfono tras el registro que llevó a cabo la UCO en el despacho de Álvaro García Ortiz y explicó que únicamente cambió el número que tenía asociado a WhatsApp porque se fue a un viaje privado, pero después volvió a asociar el mismo número.