Este es el diagnóstico que efectúa en un Documento de Trabajo del Servicio de Estudios del Banco de España, al que tuvo acceso Servimedia, titulado "Unión Monetaria y Desempleo Europeo", realizado junto con el experto de la Fundación Fedea Juan F. Jimeno. En su estudio, estos expertos señalan que algunos paises europeos han optado por estrategias parciales de liberalización potenciando la contratación temporal, en lugar de proceder a una rebaja general de los costes del despido.

A su juicio, la experiencia española es un claro exponente de cómo esta estrategia puede crear incentivos artificiales para contratar temporalmente y conducir "a una segmentación del mercado de trabajo con consecuencias sociales injustas y efectos económicos negativos".

Aducen que no sólo más del 30 por ciento de los asalariados tienen empleos temporales, sino que la conversión en indefinidos a la terminación de su periodo de vigencia es "bastante baja", ya que sólo sucede en alrededor del 15 por ciento de los casos.

En su opinión, "esta dualidad del mercado laboral puede haber producido más rigidez salarial, ya que los trabajadores fijos gozan de una mayor protección contra los despidos, debido al colchón de empleados temporales, y quienes negocian los salarios repesentan mayoritariamente los intereses de los primeros".

A eso se añade que el aumento de contratación temporal tiene efectos negativos en la productividad del trabajo y en los incentivos de las empresas para invertir en formación, además de producir un incremento en la rotación de empleados en un mismo puesto de trabajo, debido a las restricciones para renovar los contratos, lo que eleva asimismo la carga de prestaciones de desempleo que debe pagar el Gobierno.

La conclusión de estos expertos de Banco de España y Fedea es que "en tanto que los costes de despido son vistos como un obstáculo a la creación de empleo, la estrategia apropiada sería bajarlos para toda clase de contratos, evitando la segmentación del empleo entre trabajadores permanentes y temporales".

Por otra parte, el estudio insiste en la doctrina habitual del Banco de España y del Gobierno en el sentido de que "la persecución de los criterios de convergencia establecidos en el Tratado de Maastricht para entrar en la Unión Monearia supone aplicar políticas económicas sanas que son deseables por si mismas y que sería necesario introducir incluso en ausencia de la Unión Monetaria".

No obstante, advierte que los paises de la UE deben acompañar las políticas para obtener la estabilidad nominal en el terreno monetario y fiscal con "la introducción de apropiadas reformas estructurales".

"En este aspecto, la ulterior desregulación y liberalización de los sectores de bienes y servicios no comercializables -cuando sea necesario y la nueva configuración de las instituciones del mercado de trabajo -tales como la seguridad en el empleo y los sistemas de prestaciones de desempleo- deberían estar entre las más altas prioridades".

A este respecto, advierte que "es claro que los paises con un mal funcionamiento de los mercados laborales, además de tener peores resultados en crecimiento económico y empleo, tendrán más dificultades en cumplir los criterios nominales de convergencia fijados en el Tratado", porque los salarios y la inlación presentarán una mayor resistencia a la baja.

Los expertos autores de este estudio señalan que, según análisis realizadas por la OCDE, los paises con los más estrictos sistemas de protección laboral en la Unión Europea son, por este orden, Italia, España, Portugal, Grecia y Bélgica.

En ese grupo están España, que es el país de la UE con más desempleo, y Portugal, que tiene uno de los más bajos niveles de paro, circunstancia sobre la que Viñals y Jimeno hacen la siguiente reflexión: "Nuestrainterpretación de estos datos es que, aunque los costes de despido no pueden explicar por si mismos el diferencial de desempleo observado entre los paises, ya que hay otros factores que es preciso tener en cuenta, ejercen, no obstante, un efecto adverso en el paro en la Unión Europea".