Según un comunicado de los jesuitas, el sacerdote no tiene "relación ni actividad pastoral" y está "sujeto a medidas cautelares de limitación y supervisión" y la Compañía había tenido conocimiento a través de una denuncia formulada el pasado mes de julio a través de su canal interno de denuncias.

"Tras las primeras verificaciones internas, en septiembre de 2025 se pudo recabar un testimonio verosímil", expuso la congregación, que a continuación trasmitió la información a su disposición a la Fiscalía, "para que se determine si los posibles hechos están o no prescritos dadas las fechas en los que se habrían cometido".

La Compañía recordó que, "en cualquier caso", en el ámbito del derecho canónico "los delitos de abusos no prescriben", por lo que "el procedimiento canónico podría continuar aunque la vía penal no tuviera recorrido".

Se da la circunstancia de que el acusado ejercía un cargo en la Conferencia Episcopal Española (CEE). Fuentes del Episcopado indicaron a Servimedia que "la Conferencia Episcopal recibió, al comienzo de este curso, esta información a través de la Compañía de Jesús, quien ha actuado con diligencia".

"Las funciones que atendía este sacerdote continúan adelante con normalidad ya que se ha provisto su sustitución", aclararon desde la CEE, que se unió "al sentimiento de dolor expresado por la Compañía de Jesús y al esfuerzo porque estas situaciones no tengan lugar en la vida de la Iglesia".