En un comunicado, JpD considera que las declaraciones de Fungairiño al diario "El Mercurio" -estrechamente vinculado a los militares chilenos- se enmarcan en la estrategia del Ejecutivo español "de enviar mensajes de tranquilidad a los militares implicados en estos procesos".

En opinión de este colectivo judicial, esta actitud presupone asumir posturas contra la defensa de los derechos humanos "que l Gobierno español no podría mantener sin un elevado coste político".

Por otra parte, JpD defendió la competencia territorial de la jurisdicción española para la instrucción y enjuiciamiento de estos hechos, dado que entre las miles de personas asesinadas se encontraban varios cientos de españoles.

"Las querellas chilena y argentina son un gran avance en la defensa de los derechos humanos en su concepción universal y en la lucha contra la impunidad del poder", aseguró JpD, que reivindicó el efectvo cumplimiento de los tres derechos fundamentales construidos en el orden jurídico internacional en la lucha contra la impunidad: "el derecho a saber la verdad, el derecho a la justicia y el derecho a la reparación de las víctimas".