JpD afirmó que la reforma de la Ley del Menor es "innecesaria para atender las finalidades que se han anunciado", entre las que destacan el aumento de la duración de las medidas de internamiento, su cumplimiento en prisiones de adultos a partir de los 18 años y la rebaja de la edad en la intervención penal hasta los 12 años.

A través de un comunicado, la asociación aseguró que la reforma emprendida por el Gobierno "viene a restringir" un modelo influenciado por los principios del interés superior del menor y el carácter educativo de las medidas que imponen los jueces "por otro basado en criterios punitivos y puramente retributivos".

Jueces para la Democracia expresó su discrepancia con la posibilidad de que los menores pasen a cárceles de adultos al cumplir los 18 años, dado que "no se sustenta en ningún principio de racionalidad penal" y "supone un retroceso en los principios básicos de reinserción social".

También denunció la "actual masificación y deterioro" de los Centros de Reforma de Menores y advirtió de que la reforma se sustenta "en una apreciación errónea" dado que, en su opinión, no existen espacios de impunidad para los menores que delinquen.

Finalmente, aseveró que retomar una "filosofía punitiva parece contradictorio con otros proyectos legislativos actuales en materia de libertades y de derechos civiles y no se asienta en datos empíricos que justifiquen una reforma de una ley que permite adaptar la medida judicial a las necesidades educativas del menor".