Esta medida, que sitúa a España al mismo nivel que otros países de la Unión Europea, está ya contemplada en muchos convenios colectivos y es aplicada por muchas empresas de economía social que, incluso, aplican jornadas de duración inferior a la propuesta por el Gobierno, según explico el presidente de Cepes.

Asimismo, el presidente de la patronal de economía social señaló que “para alcanzar la plena efectividad, esta medida debe ir acompañada de las correspondientes adaptaciones que pueden requerir algunos sectores o, de forma específica, aquellas empresas que desarrollan contratos con la Administración Pública, especialmente, aquellas que prestan servicios de atención a las personas”.

Además, la implantación de la reducción de la jornada laboral, en los casos en los que las empresas adjudicatarias de estos contratos hacen un aporte intensivo de mano de obra para garantizar la calidad de los servicios que prestan, debe conllevar, según Pedreño, una revisión de los precios del contrato que permita elevar los costes de personal.

En palabras del presidente de Cepes, “el alcance de estas adaptaciones va a requerir evaluaciones detalladas y análisis de impacto en sectores como el de la hostelería, la pesca o el agroalimentario, donde esta medida puede suponer, entre otros, un fuerte impacto en la cadena de suministro”.